Cualquier intento de reconstrucción económica y social en Venezuela será superficial y efímero si no se fundamenta en el restablecimiento pleno de la seguridad jurídica. Durante décadas, el país ha navegado en un mar de incertidumbres donde las reglas del juego han cambiado al capricho del poder político, asfixiando la iniciativa privada y ahuyentando los capitales que tanto necesitamos para modernizar nuestra infraestructura y generar empleos de calidad.

La seguridad jurídica no es un concepto abstracto reservado para los anaqueles de las facultades de derecho; es la confianza básica que permite a un ciudadano saber que su esfuerzo, su propiedad y sus contratos serán respetados por el Estado y protegidos por tribunales independientes. Sin este pilar, no hay inversión posible, pues nadie arriesga su patrimonio en un terreno donde el árbitro puede cambiar el marcador a mitad del partido según su propia conveniencia.

La erosión de la confianza institucional en nuestra nación ha sido un proceso sistemático que acompañó al modelo rentista y autoritario. Cuando el Estado se siente dueño de todo por el simple hecho de controlar el flujo de divisas petroleras, tiende a ver el derecho como un obstáculo y no como un marco de convivencia. Esta visión distorsionada llevó a una era de expropiaciones arbitrarias, controles de precios asfixiantes y una........

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