Jesús Navarro defiende a Carlos Baño en un acto de la Cámara de Comercio de Alicante

Jesús Navarro defiende a Carlos Baño en un acto de la Cámara / INFORMACIÓN

EL PP y sus allegados han vuelto a poner de moda el nombre de Alicante y, por extensión, de la política valenciana. No por el dinero que nos podamos gastar los valencianos y valencianas en campañas de promoción turística contando las bondades de nuestra gente y tierra, sino por la vida y milagros de nuestras élites extractivas.

Una élite extractiva, grosso modo, es una minoría, una casta, que usa el poder político para organizar la economía y administración en su beneficio, bloquear a competidores y trasladar al conjunto de la sociedad los costes de sus logros, fallos o acciones. El colectivo vive su día a día desde puestos de la administración, las instituciones, incluso las entidades privadas, y se caracteriza por un contacto directo con el poder público. Suele enarbolar un relato salpicado por ideas de avance, de mejoras, de eficiencia, aunque la realidad esconda un reparto de privilegios más que de oportunidades. En resumen, son un grupo humano cuya relación con el resto de la población tiene un componente parasitario de gran calado.

El escándalo de Les Naus, como bien explicó Carlos Gómez Gil en este diario, es un claro ejemplo de ello: cargos del PP, funcionarios municipales y sus familiares, así como familias privilegiadas de la ciudad de Alicante han accedido de manera vergonzosa a la primera promoción de protección oficial que entregaba en Alicante en 20 años. Mientras, miles de personas en peor situación económica esperan acceder a una vivienda de protección en la segunda ciudad valenciana por población.

Pero, más allá de Les Naus, los cuatro últimos meses no pueden dejarnos indiferentes por la contundencia de los titulares que describen las relaciones de poder, parasitarias, que deciden nuestras vidas. Recientemente, hemos asistido a la detención del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y Facpyme, Carlos Baño, por la gestión del Bono Comercio, el proyecto estrella de la pasada legislatura de su «hermano» -como gusta llamarle- Carlos Mazón, exgerente de la Cámara y expresidente de la Diputación alicantina, así como de la Generalitat. Baño, en solo seis meses montó una empresa para gestionar el proyecto de su hermano y obtuvo una facturación de casi 700.000 euros. Vamos, que ni las big tech...

La relación entre estos dos nos recuerda que la cercanía al poder tiene premio. El más claro, la subvención millonaria a dedo de Mazón para que la Cámara se monte una nueva sede, hoy paralizada por su ilegalidad. Y luego está el engorde del presupuesto de la Cámara, como ya analizó INFORMACIÓN: el presupuesto de la entidad que preside Baño vive en un 88 % del ingreso de dinero público (algo que no ocurre con sus hermanas castellonense y valenciana). Es curioso esta cosa de estar en contra de pagar impuestos, característica que define a los dos personajes, pero a favor de disfrutarlo.

Tanto el asunto de Les Naus como el de la sede de la Cámara son realidades que nos retrotraen al urbanismo del caso Brugal. Vuelven a resurgir los mismos apellidos de entonces, siempre relacionados con el Partido Popular, que ponen el cazo casi de manera automática para la lluvia de fondos públicos. Así, es inevitable que no resuene en nuestras mentes «los amiguitos del alma» del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps.

La urbanización Les Naus, ubicada en la zona de La Condomina de Alicante. / Rafa Arjones / Rafa Arjones

La familiaridad entre cargos del sector privado y de este Consell va más allá de la mera relación de amigachos. Como paciente del único departamento sanitario en la Comunitat Valenciana que continúa en manos de una empresa privada, el de Elx-Crevillent, siento rubor al leer que la directora gerente de la mercantil gestora del Hospital del Vinalopó es la cuñada del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, cuyo hermano dirige la clínica privada de Benidorm que ha comprado precisamente la empresa concesionaria dirigida por su mujer. La traca final trona cuando relacionas estos datos con el hecho de que la empresa se ahorrará devolver 34 millones a la Generalitat porque Mazón recalculó el coste por paciente. En paralelo, el conseller ha prorrogado por un lustro la gestión del Vinalopó por parte de Ribera Salud sin ofrecer otra razón que un mantra sobre la efectividad de una empresa que reconoce que reutiliza catéteres, algo prohibido, o que no alcanza la media de ratio de sanitario-paciente que existe en los departamentos íntegramente públicos.

Mucho me temo que caminamos una senda que ya transitamos hace décadas con el Partido Popular y nos contó Sergi Castillo en Tierra de saqueo, aquel régimen de poder que convirtió los grandes eventos y el urbanismo de escaparate en cobertura para desviar o depredar recursos públicos a gran escala. A golpe de decretos asistimos a la eliminación de los impuestos a los ricos, la supresión del tope salarial para que sueldos de 60.000 euros accedan a viviendas de protección oficial, la desaparición de trámites de control y medidas de transparencia, acciones diseñadas para élites privilegiadas que producirán menos igualdad, menos innovación, menos movilidad social, menos emprendimiento, menos prosperidad duradera, menos Estado de Derecho, menos democracia, y más parásitos de alto postín.

Suscríbete para seguir leyendo

© Información