El asunto del Sáhara y de las plazas africanas españolas, que nos persigue durante toda la etapa democrática (en realidad, estalló con la marcha verde, hábil maniobra de Hassán II mientras Franco agonizaba), ha sido desde siempre carnaza fácil para la oposición al gobierno, sean del color que sean la mayoría y la minoría políticas del momento. La razón de ello es fácil de entender, y, de hecho, todo el mundo conoce la maligna paradoja que nos envuelve.

Como es bien sabido, la situación jurídico política del Sáhara es bien distinta a la de Ceuta y Melilla, e islotes adyacentes. España declaró su soberanía sobre el Sáhara occidental en 1884, tras la exploración llevada a cabo por el militar Emilio Bonelli representante de la Sociedad Española de Africanistas y Colonistas, apoyado por Cánovas. España declaró su soberanía sobre el territorio el 26 de diciembre de aquel año, y la conferencia de Berlín, que se estaba celebrando (concluyó el 26 de febrero de 1885), reconoció en consecuencia el dominio español del territorio costero comprendido entre los cabos Blanco y Bojador. Aquella posesión beneficiaba los intereses pesqueros de España, sobre todo canarios.

El dominio español sobre Ceuta y Melilla es sin embargo más antiguo: Melilla es española desde 1497, tras su toma por la casa de Medina Sidonia en nombre de Castilla, y Ceuta pertenece a la Corona española desde 1580, tras la unión con Portugal, que la había conquistado en 1415.

Desde un punto de vista más político que histórico, la españolidad del Sáhara es frágil y discutible, en tanto la de las plazas africanas muestra cierta solidez, aunque, como se ve, en África predomina abrumadoramente la idea de que esas plazas son restos de imperios coloniales que quedaron extinguidos con el proceso........

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