Cronología de la extorsión nacional

Bolivia ha sido secuestrada durante más de cuarenta días por una mafia política y sindical. Bajo la cínica fachada de reclamos sectoriales, han desatado una crisis humanitaria sin precedentes. Lo que en mayo de 2026 inició como una movilización de la COB y los gremios ante la innegable escasez de dólares y combustibles, fue rápidamente cooptado por facciones leales al expresidente Evo Morales. El objetivo mutó hacia un chantaje de Estado que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz, utilizando los bloqueos de carreteras como armas de destrucción masiva contra la población civil y desafiando con soberbia tanto los operativos de despeje como la reciente aprobación de la Ley del Estado de Excepción.

El daño patrimonial constituye un verdadero delito de lesa humanidad contra el bolsillo y el futuro del pueblo. Según los analistas, las pérdidas superan los 3.300 millones de dólares entre la industria y el turismo, sin contar la incuantificable ruina de pequeños productores, gremialistas, trasnportistas y profesionales independientes que vieron cerrar sus emprendimientos por este estrangulamiento económico. Mientras tanto, en las ciudades cercadas se impone un mercado despiadado donde el hambre campante ha triplicado el precio de los alimentos, convirtiendo un simple pollo en un lujo inaccesible de 120 bolivianos para las familias más pobres.

Frente a este terrorismo de Estado perpetrado por civiles armados que aíslan a las capitales y generan un daño irreparable a los intereses nacionales, resulta inaceptable que la Procuraduría General del Estado (PGE) observe con absoluta pasividad. Su inacción permite que los violentos queden libres y sin responsabilidad por sus actos.

El rol activo de la Procuraduría General del Estado en la defensa del orden constitucional

La PGE no puede ser un mero espectador pasivo; es el escudo jurídico del ius imperium. Al amparo de los........

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