En mayo de 2026, Bolivia atraviesa una encrucijada que trasciende la coyuntura política para cuestionar la esencia misma de nuestra democracia. Mientras la Central Obrera Boliviana (COB) declara un “paro indefinido movilizado” y el sector transporte ejecuta bloqueos escalonados que paralizan rutas troncales, una realidad silenciosa pero devastadora se impone, miles de ciudadanos ajenos a las estructuras sindicales están siendo convertidos en rehenes de una táctica que ya no busca diálogo, sino coerción. Este artículo analiza, desde una perspectiva jurídica y constitucional, cómo la instrumentalización de los bloqueos erosiona el sistema democrático y vulnera sistemáticamente los derechos humanos de la mayoría NO movilizada.

1. De la reivindicación legítima a la extorsión colectiva

El derecho a la protesta no es un invento doctrinal; emana directamente de la libertad de reunión y expresión consagrada en los numerales 4 y 5 del artículo 21 de la Constitución Política del Estado (CPE). Bolivia reconoce en la movilización pacífica un mecanismo válido para exigir justicia cuando los canales institucionales fallan. Sin embargo, como toda libertad fundamental, no es absoluta. La propia Constitución establece un límite inquebrantable, el ejercicio de un derecho no puede anular el de los demás. Cuando la protesta se transforma en bloqueo prolongado de vías troncales, retención de viajeros, cierre de calles y agresiones a transportistas independientes, deja de ser un acto de resistencia legítima para convertirse en un mecanismo de presión ilegítima y violenta.

El cabildo de la COB en El Alto no solo declaró el paro, sino que explicitó una exigencia política de alcance institucional, “si el Gobierno no soluciona de manera inmediata, tiene que dar un paso al costado”. Paralelamente, la Confederación de Choferes anunció un paro escalonado con bloqueos en capitales y la red vial fundamental, demandando diálogo directo con el Presidente y sus ministros. Esta estrategia busca la asfixia económica y logística. Según analistas citados por medios nacionales, cada día de paro cuesta al país aproximadamente 55 millones de dólares. Esta cifra no es un dato abstracto; refleja cadenas productivas interrumpidas, cosechas de soya en riesgo en Santa Cruz, la pérdida de productos agrícolas de pequeños productores y un desabastecimiento que golpea directamente al consumidor final. Al cruzar el umbral de la coerción sistemática, la protesta se desnaturaliza y se convierte en lo que la doctrina jurídica denomina “gobierno paralelo por la fuerza de la obstrucción”.

2. Los derechos silenciados: el costo humano de la paralización

El núcleo de esta crisis no reside en la legitimidad de las demandas sindicales, sino en la invisibilización deliberada de quienes las padecen sin tener voz en las asambleas. Gremiales, cuentapropistas, transportistas independientes, productores agrícolas, profesionales, estudiantes, pacientes y turistas soportan una violación sistemática de derechos humanos que el ordenamiento interno y el derecho interamericano prohíben taxativamente.

En primer lugar, el derecho a la libertad de circulación y residencia (Art. 21.7 CPE y Art. 22 de la CADH) está siendo conculcada de facto. En Caranavi y Yucumo, más de un........

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