menu_open Columnists
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

La mentalidad del mafioso: cuando la impunidad se confunde con inteligencia y el dinero con decencia

34 0
14.10.2026

El gran problema es cuando toda una sociedad adquiere la mentalidad del mafioso, que justifica la ilegalidad, desprecia la honestidad y considera que el éxito económico puede borrar cualquier cuestionamiento, por lo tanto, es la total insensatez elemental y la búsqueda de ausencia absoluta de responsabilidad.

En ese contexto, el delincuente deja de verse a sí mismo como tal y se considera astuto, poderoso e incluso superior a quienes viven y trabajan dentro de la legalidad, pues los desprecian y se burlan, al extremo que consideran cobarde, tonto y que está en decadencia, obsoleto y rezagado (que se está quedando muy atrás), a quien se esfuerza por actuar sobre seguro cumpliendo la norma, pues bajo la perspectiva del mafioso lo único que más le interesa son los mayores ingresos económicos, el dinero, las ganancias, el hacer mucho en el menor tiempo, a través de la mentira y el engaño, cometiendo ilicitudes e ilegalidades, como ser: evadir impuestos, engañar, sobornar, estafar, falsificar, robar, suplantar identidades, lavar dinero, ganar dinero mediante el cabildeo venal o lobby corrupto, etc.; y, resulta que por hacer eso, cree que es mucho campeón, que es una persona muy productiva, inteligente, valiente, sagaz y hábil. Así de cínico y sinvergüenza es el hampón (maleante).

Esta es, precisamente, una de las características más preocupantes de la mentalidad mafiosa: el pragmatismo sin escrúpulos, según el cual lo único que importa es conseguir el resultado deseado, sin reparar en los medios utilizados ni en el daño causado.

La lógica del mafioso es simple: «Lo que llaman justicia es lo que digan las autoridades competentes, por ende, pagamos a la justicia para que actúe a nuestro favor; así, nada de lo que hagamos es delito y fin de la historia». Para ellos, el delito no existe por lo que diga una ley o un código, sino por lo que decidan las referidas autoridades, por lo tanto, a punta de corrupción al sistema, logran su cometido, pagan por ello, instaurándose la clase corrupta, las redes de corrupción y la mafia institucionalizada. Si tras un breve tiempo en prisión son liberados mediante sobreseimientos, absoluciones o la extinción de la acción penal —o simplemente si el caso se congela y logran huir del país bajo medidas sustitutivas—, su conclusión es contundente: nunca hubo delito porque jamás se les probó nada. Esa es, en esencia, la mentalidad del mafioso.

Desde esa lógica, la justicia no se concibe como un sistema de principios, garantías y normas de cumplimiento obligatorio, sino como un obstáculo que puede neutralizarse mediante dinero, influencias, favores o presiones.

La ley deja de ser un límite y se convierte en una variable negociable. El razonamiento es tan simple como peligroso: si puedo comprar protección, manipular un procedimiento o conseguir que una investigación no llegue a sus últimas consecuencias, entonces puedo actuar como quiera.

El problema de esta mentalidad no reside únicamente en la comisión de delitos, sino en la convicción de que todo tiene un precio, incluidos la verdad, la justicia y la responsabilidad.

No se debe promover la impunidad como falsa prueba de inocencia. Una de las expresiones más perversas de esta incultura aparece cuando se confunde la falta de una condena con la inexistencia de un delito. Si una investigación concluye sin acusación, si una persona resulta absuelta o si un proceso termina por una causa legal de extinción, algunos interpretan automáticamente que nunca hubo conducta ilícita alguna.

Sin embargo, una resolución judicial debe entenderse conforme a sus fundamentos y a las circunstancias concretas del caso. Una absolución no equivale necesariamente a una declaración histórica de que nada ocurrió, del mismo modo que una denuncia tampoco demuestra culpabilidad. El Estado de Derecho exige respetar la presunción de inocencia, las garantías procesales y las decisiones judiciales, pero también demanda instituciones........

© HoyBolivia