01 de abril 2026 - 03:07

No nos lo contó la vicepresidenta y ministra de Trabajo, ni la ministra de Sanidad, ni la de Educación, ni la de Vivienda; tampoco el ministro de Derechos Sociales, ni la ministra de Igualdad, ni por supuesto el presidente del Gobierno, responsable máximo de que España funcione y de elegir por tanto a dirigentes capaces de resolver los problemas.

Pues bien, ninguno de los miembros del Gobierno responsables de que todos los ciudadanos y residentes tengan los mismos derechos y acceso a los servicios públicos, entre ellos la prestación sanitaria y la educación, nos han contado que la Unión Europea ha advertido al Gobierno español que si alguno de los inmigrantes que están regularizando su situación en España se va a otro país europeo, para tratar de conseguir un trabajo o la residencia, serán reenviados a España. Los derechos que han adquirido en este proceso de regularización español se circunscribe a España y solo a España.

¿Estamos preparados para asumir ese reto? El Gobierno calcula que la regularización actual afectará a unas 800 mil personas, los que ya se encuentran en España sin haber conseguido hasta ahora la tan ansiada legalidad por no cumplir los requisitos de tiempo de residencia o los documentos necesarios, más los nuevos inmigrantes que están llegando desde que han tenido noticia de esta nueva oportunidad de ser acogidos en nuestro país. Sin embargo, distintas instituciones y ONG que saben cómo es el mundo de la inmigración y que además conocen perfectamente que en tiempos de guerra como los actuales se dispara el número de ciudadanos que huyen de forma desesperada de sus países de origen, calculan que los inmigrantes regularizados superarán ampliamente el millón y medio.

Lo que habría que preguntarse es si España está preparada para acoger a esas oleadas masivas de nuevos habitantes. La sanidad española es excepcional, tanto la pública como la privada, pero la carencia de médicos es asunto muy serio. En los colegios no es tan grave la falta de plazas, los índices de natalidad son bajos y facilitan las cosas, pero así y todo es obligado que el Gobierno tome medidas excepcionales para asumir a más de un millón de nuevos ciudadanos. Sobre todo, cuando la UE advierte que no aceptará a quienes han conseguido documentación española gracias a esta iniciativa que tiene relación con intereses electorales.

Por otra parte será difícil recibir fondos europeos para paliar los efectos económicos de esta iniciativa solidaria pero cargada de riesgos: en Bruselas son constantes las quejas de que el Gobierno español no informa suficientemente sobre el destino que ha dado a los diferentes fondos europeos, ni cumple sus compromisos de devolución con los créditos. .

La generosidad con el de fuera es un bien, una virtud. Pero sin los medios necesarios para ejercerla con responsabilidad, genera tensiones, xenofobia, desigualdad… y pobreza.

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