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El caso de Noelia Castillo, la joven que ha solicitado la eutanasia, es profundamente controvertido. Pero más allá del debate moral o legal sobre el ... derecho a morir, hay una pregunta que debería incomodarnos mucho más: ¿qué lleva a una persona de 25 años a querer dejar de vivir?

Noelia no es solo una paciente. Es el resultado de una cadena de fallos que apuntan directamente a las instituciones y, en última instancia, a todos nosotros como sociedad. Hablamos de una joven con una discapacidad del 67% por enfermedad mental, procedente de una familia sin recursos, a la que además se le retiró la custodia. Desde ese momento, su vida pasó a depender del sistema. Y el sistema falló.

Resulta difícil de entender cómo una persona con esas necesidades termina en un centro no adaptado. Más grave aún es que, estando bajo tutela institucional, sufra una agresión sexual múltiple sin que haya una respuesta clara y transparente. Ese episodio, sumado a su situación previa, fue el detonante que la llevó a precipitarse desde un quinto piso.

Sobrevive, pero queda parapléjica. Y, lejos de recibir el apoyo integral que necesitaba —médico, psicológico y social—, vuelve a encontrarse con la falta de respuesta. Es en ese contexto donde inicia su petición de eutanasia. Y aquí es donde el debate público se desvía, centrándose en el derecho a morir sin analizar las condiciones que empujan a alguien a tomar esa decisión.

La pregunta sigue siendo incómoda: ¿habría querido morir si antes se le hubiera garantizado una vida digna? ¿Si hubiera existido una red de apoyo efectiva y un seguimiento real de su enfermedad mental? La respuesta, dolorosamente, parece evidente.

Este caso pone sobre la mesa una realidad innegable: la salud mental en España sigue siendo la gran olvidada. Faltan recursos, falta acompañamiento y muchas familias están completamente solas. Pero no es solo una cuestión de medios. Es un problema estructural. Falla la prevención, falla la protección y falla la respuesta. Cada negligencia, cada vacío institucional, deja marcas que muchas veces no pueden repararse.

Y cuando el Estado falla de forma reiterada en la protección de una persona vulnerable, ya no hablamos de un error puntual. Hablamos de un fracaso sistemático. Un fracaso que debería provocarnos indignación y acción inmediata.

Pero también sería demasiado fácil señalar únicamente a las instituciones. Este es un fracaso como sociedad. Hemos normalizado la falta de medios, la saturación de los servicios y la invisibilidad de la enfermedad mental. Nos indignamos durante unos días, pero después seguimos adelante sin exigir cambios reales. Nos hemos acostumbrado a tolerar la vulnerabilidad y la desprotección como si fueran inevitables.

Nos impacta el final, pero toleramos todo lo que lo hace posible. Noelia no es un caso aislado: es un espejo que refleja nuestra indiferencia colectiva y la insuficiencia de un sistema que debería proteger a los más vulnerables.

Los responsables públicos tienen la obligación de priorizar los problemas reales. No con discursos, sino con hechos. Pero esa exigencia solo existe si la sociedad no se termina resignando.

El caso de Noelia no es solo una historia individual. Es el reflejo de un sistema que no ha estado a la altura. Antes de juzgar su decisión, deberíamos preguntarnos cuántas veces fallamos antes. Porque cuando alguien siente que su única salida es morir, no estamos solo ante una decisión personal. Estamos ante el fracaso del Estado. Y también, aunque incomode, ante el fracaso de todos nosotros.

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