El Ministerio Público ocupa una posición esencial dentro de la estructura del Estado constitucional peruano. Su autonomía responde a la necesidad de garantizar que la defensa de la legalidad, la protección de los derechos ciudadanos y la persecución del delito puedan ejercerse sin subordinación a los poderes políticos. Los artículos que integran este capítulo configuran, en conjunto, una institución destinada a representar los intereses de la sociedad, promover la acción de la justicia y contribuir a preservar el orden jurídico democrático. La evolución del constitucionalismo peruano permite apreciar la progresiva afirmación de esta autonomía. Durante buena parte de nuestra historia republicana, la función fiscal permaneció estrechamente vinculada al Poder Judicial. La Constitución de 1979 significó un cambio decisivo al reconocer al Ministerio Público como organismo autónomo, orientación posteriormente consolidada por la Constitución de 1993. Esta separación respondió a una concepción más moderna del equilibrio institucional: quien investiga y acusa debe ejercer una función distinta de la de quien finalmente juzga........

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