No es reciente, como se ha difundido, que la minería ilegal haya logrado que sus intereses sean de una u otra forma “canalizados”, por ejemplo vía el anterior Congreso. El asunto tiene años de avance.

Un exministro del Interior advertía al respecto —hace un par de años— a los parlamentarios del momento: “La violencia criminal estalló en Ecuador porque su clase política fue cómplice y funcional a las economías ilegales. Ahora son ellos, con sus sicarios, los que ponen las reglas de juego. Justo ahora, ¿no está pasando exactamente lo mismo en el Perú? No jueguen con fuego”.

Había acierto en la advertencia, pero incompleta. La infiltración en el impopular y heterogéneo Congreso —al que se suele culpar de casi todos los males nacionales— es solo un capítulo más de la historia evolutiva y del alcance subterráneo de las diversas organizaciones delictivas en el país. En ese sentido, no debió obviarse una instancia mayor: el Poder Ejecutivo.

Cierto es que la infiltración mafiosa progresiva del Estado peruano (aunque aún a nivel menor de lo que se ve en el narcoestado mexicano o en el boliviano consolidado con Evo Morales) se ha dado durante distintas presidencias en las últimas cinco décadas. Pero fue a partir del 28 de julio de 2021 que la cosa se agravó. Aquí aparece no solo quien fue el heredero político del........

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