La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nos anuncia una visita in loco para el segundo semestre de este año. Según su comunicado, el objetivo es “observar la situación de los derechos humanos y de la democracia en el país”, reuniéndose para el caso con autoridades, víctimas y organizaciones de la inefable sociedad civil. Sobre el papel, la fórmula parece inocua. En la práctica, sin embargo, el Perú volverá a enfrentar un patrón ya conocido: una supervisión extranjera que, además de debilitar nuestras instituciones, tiende a ignorar la complejidad de la política local y a privilegiar a interlocutores cuya representatividad nos resulta intolerable. El punto crítico es manifiesto. La CIDH NO ha anunciado reuniones con organizaciones sociales de base, gremios, comunidades y/o colectivos ciudadanos que expresen la pluralidad real del país. En cambio, su agenda prioriza a las inefables “organizaciones de la sociedad civil”, término que acá se ha convertido en un eufemismo para referirse a un conjunto de ONG que, aunque formalmente figuran como nacionales, operan con financiamiento y agendas definidas desde el exterior. No es un secreto que muchas de estas oenegés responden a patrones de fundaciones y conglomerados internacionales que, tenaz, prepotente y anticonstitucionalmente, buscan influir en la política interna de países como el nuestro, con instituciones frágiles precisamente por el colonialismo que ejerce la CIDH. El problema no es la defensa de esos derechos. ¡Es su asimetría! La CIDH viene demostrando, permanentemente, su inclinación a interpretar nuestra realidad desde una óptica que desconoce nuestra Constitución, nuestras dinámicas institucionales y nuestras propias tensiones políticas. Esta visión colonial ha derivado en recomendaciones que, luego, la Corte Interamericana vuelve obligaciones y sanciones —inclusive económicas— que nuestro Estado debe asumir, sin mediar un auténtico debate democrático. Una visita in loco es, en teoría, un mecanismo de verificación directa. Pero en un país donde la representación política está fragmentada —y la influencia de actores externos es demoledora— la selección de interlocutores define el resultado, antes siquiera de que comience la misión. Si la CIDH escucha solo al sector caviar —el más articulado, más financiado, más conectado mundialmente—, el diagnóstico será inevitablemente nefasto. Y aquello solo llevará a conclusiones que no reflejan la complejidad del país, sino la visión personal, interesada de quienes han logrado monopolizar la narrativa. Adicionalmente, el Perú atraviesa una crisis política marcada por la proliferación de candidaturas presidenciales sin sustento programático; muchas impulsadas por grupos que ven en la política una oportunidad para acceder al Estado, no como un servicio público sino para servirse de él. Una pervertida fórmula de vulneración de los DD. HH. del ciudadano en todo sistema político serio, responsable, orientado al bien común. El Perú necesita fortalecer sus instituciones, no sustituirlas por tutelajes externos. La defensa de los derechos humanos es irrenunciable, pero debe ejercerse desde un marco que respete la soberanía, la pluralidad y la realidad nacional. Este Perú no puede seguir siendo un escenario donde actores transnacionales influyen más que los propios ciudadanos. La supervisión mundial SOLO es útil cuando complementa, no cuando sustituye.

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