Hay momentos en que una nación necesita mirarse desnuda al espejo. Y este es uno de ellos. Nuestro sistema electoral -que debería garantizarnos transparencia, igualdad y legitimidad democrática- se ha convertido, según muchísimas voces, en una mascarada meticulosamente diseñada para simular un proceso limpio. ¡Mientras, detrás del telón, un reducidísimo grupo de operadores mueve las fichas de un gigantesco tablero de ajedrez  político! Un tablero donde los ciudadanos creen elegir, pero donde las decisiones cruciales habrían sido tomadas mucho antes de abrirse las urnas. La arquitectura institucional -tanto Jurado Nacional de Elecciones como ONPE- que debería proteger la voluntad popular está señalada, reiteradamente, como un espacio donde confluyen intereses, cuotas de poder y silencios convenientes. La figura del representante del Colegio de Abogados de Lima, ausente en momentos decisivos, sólo añade más sombras a un sistema que debería ser claro. El resultado es un proceso que, para muchos, se asemeja más a una “tenida” hermética de logia que a un ejercicio republicano. Porque cuando usted vaya a votar, amable lector, es posible que el ganador haya sido definido tiempo atrás por ese puñado de personas que, definitivamente, jamás trabajaron gratis para diseñar semejante prestidigitación. A ello sumemos otro elemento sumamente corrosivo: la captura emocional de la ciudadanía vía encuestas que, según denuncias históricas, han sido usadas para moldear percepciones, fabricar favoritos y orientar el voto de los sectores más vulnerables, desinformados y/o desencantados. Desde hace más de una década, las encuestadoras han consolidado un poder desmesurado, convirtiéndose en oráculos que muchos consultan sin dudar; por tanto, influyen en la conducta electoral de quienes, en lugar de analizar la coyuntura con criterio propio, terminan aceptando como verdad lo que aparece en algún gráfico. El problema no es exclusivamente la manipulación potencial. Es la permisividad absoluta de unas autoridades electorales, que generalmente no sancionan, investigan ni corrigen. Observan de costado, como si no fuera con ellas; como si el proceso electoral no fuera el bien sagrado de la República. Entre tanto, Juan Pueblo -aquel ciudadano que trabaja, que lucha y sobrevive- termina convertido en esclavo de un sistema viciado que domina a las mayorías, sin que estas lo adviertan. Recibe por los ojos y los oídos aquella falsa promesa de soluciones mágicas, en esta oportunidad, por boca de una treintena de candidatos que compiten en toxicidad, improvisación, mediocridad y oportunismo. El negocio es pingüe para las encuestadoras y quienes las financian. ¡Y lo paga Juan Pueblo, escondido en el costo de los medios que consume para informarse, con su ingenuidad, con su voto y, finalmente, con su futuro! El Perú no puede seguir aceptando esta mascarada como si fuera normalidad democrática. No puede resignarse a que su destino sea decidido en salones cerrados, por operadores invisibles o por encuestas que moldean voluntades en lugar de medirlas. La ciudadanía merece un sistema electoral transparente, verificable y digno. Y merece, sobre todo, recuperar la soberanía de su propio voto. La República no se sostiene sobre trucos. Se sostiene sobre verdades. ¡Ya es hora de exigirlas!

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