Lo sucedido acá con las encuestadoras no es un defecto técnico, tampoco un error estadístico: es, evidentemente, un mecanismo sistemático de perversa manipulación  política que, hace años, opera impunemente. Desde que los caviares descubrieron que buena parte de estas empresas fabricaban resultados al gusto del cliente, la credibilidad de los sondeos cayó en picada. Porque, en un país dominado por la informalidad, el dinero manda, compra, acomoda y distorsiona. El fenómeno es conocido: si al financista le conviene, la maquinaria encuestadora eleva a la cima al candidato más anodino, convirtiéndolo en “favorito”; después lo instala en el debate público y lo sostiene mientras sea útil. Hasta que cambia el guion, y lo deja caer para reemplazarlo por el verdadero beneficiario del negocio: aquel con los bolsillos más hondos. Acá la opinión pública es moldeada como arcilla, y el pueblo —desinformado, agotado, desesperanzado— termina aceptando como inevitable lo que nunca fue real. Lo que hemos visto estos últimos dos meses y medio es la prestidigitación más infame de la realidad. Un acto de magia negra política que solo funciona porque la ciudadanía se encuentra moralmente abatida, y sin fuerzas para enfrentar otra elección marcada por sospechas, arreglos y manipulación. La “encuestitis” —obsesión enfermiza por números fabricados— ha reemplazado al debate, a las propuestas y a la transparencia. Ayer, EXPRESO volvió a desnudar a la “mafia de las encuestadoras”. En todo país civilizado, cuando alguna encuestadora miente, la autoridad electoral la sanciona. ¡Aquí no! Ni una multa ejemplar, ni una suspensión, ni una investigación seria. ¡Nada! Y eso, pese a que en estos últimos años, desde las encuestadoras chicha hasta las más prestigiosas, fallan estrepitosamente en sus pronósticos. Esto no es novedad. El colaborador eficaz Horacio Cánepa declaró que con dinero de Odebrecht se “compró” encuestas en sucesivos comicios. Según su testimonio, Ipsos habría sido contratada con esos fondos, igual que CPI e IMA “para manipular cifras”. El semanario Hildebrandt en sus trece recordó, aparte, que Vladimiro Montesinos aseguró que varias encuestadoras “se vendían al mejor postor”, y que coordinaba cuándo publicar ciertos resultados. Los procesos judiciales, como siempre, se dilataron hasta la náusea. Ante este panorama, el rol del Jurado Nacional de Elecciones resulta espeluznantemente grave. ¡El JNE es nuestro árbitro electoral! Consecuentemente, el llamado a avalar la limpieza, equidad y transparencia. ¡Pero acá no sabe, no opina y deja pasar todo! Su silencio ante innumerables denuncias es interpretado como demostración de parcialidad temeraria, y de una venalidad que erosiona la confianza ciudadana. Pero: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el Perú debe tolerar que la voluntad popular sea moldeada por intereses privados, encuestas compradas y autoridades que miran hacia otro lado? Quienes protestamos no lo hacemos por capricho, sino porque comprobamos que en esta maquinaria hay un peligro directo para la democracia y para la dignidad del ciudadano. No debemos seguir sometidos a la dictadura de las encuestadoras, menos al silencio cómplice de quienes deben fiscalizarlas. ¡Rompamos ahora este ciclo de manipulación, demandando un sistema electoral que merezca ese nombre!

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