Ayer, domingo 12 de abril, el Perú vivió una de las jornadas electorales más terribles de toda su historia. No solo porque se desarrolló en medio de una crispación política colosal, sino porque el desorden técnico y logístico convirtió el acto más básico de una democracia —instalar mesas y contar votos— en un laberinto interminable. Para millones de ciudadanos, lo que debió ser un proceso transparente acabó extendiéndose como una intimidación generalizada. Y para muchos sectores, lo ocurrido confirma que se trata de un proceso marcado por serias irregularidades que demandan explicación inmediata. La cédula de votación que recibimos los peruanos fue un monumento a la improvisación. En un país donde millones de ciudadanos tienen dificultades de lectura, presentar una papeleta con más de treinta candidatos presidenciales y cinco columnas repletas de opciones legislativas fue una decisión que bordea la irresponsabilidad. Si para los votantes instruidos ya era un desafío, para las mayorías es un tormento insoluble. Y por si aquello fuera poco, cada acta de votación lleva más de tres mil casillas que deben ser llenadas con precisión quirúrgica. Bajo condiciones normales ya sería un reto; en las de ayer, fue una pesadilla. La ONPE de Corvetto anunció que el proceso se prolongaría dos horas para “cubrir la demora” de su sistema de transporte. Para algunos, eso constituyó una señal de alarma. Según Corvetto, “solamente no pudieron votar 66 000 limeños”. Ojo: Keiko perdió su anterior elección por 44 mil votos de diferencia. Más aún, el “triunfo” de Pedro Castillo lo consolidó Corvetto negándose a entregar el padrón electoral a Lourdes Flores, líder del grupo democrático que denunció el fraude para favorecer a Castillo. Consecuentemente, en circunscripciones como Lima, invalidar “solo” 66 000 votos —como dice el infame jefe de la ONPE— fácilmente pudiese convertir en presidente a cualquier candidato que esté disputando esta contienda. Lo que ha venido consolidándose, hora tras hora, es esta percepción extendida de que el presente proceso electoral empezó bajo condiciones anormales. Para este escriba, resulta falsaria aquella excusa de la “tardanza” del transportista de la ONPE de Corvetto. Hablamos de una “empresa” que, desde el inicio, engañó al Estado en connivencia con Corvetto, pues las bases del concurso para contratarla exigían que tuviera en propiedad una flota de camiones —que nunca tuvo—, ya que los alquiló vía licitación para “cumplir” tramposamente con las bases. Su labor como distribuidora del material electoral fue atroz, afectando precisamente a distritos afluentes donde se esperaba una alta votación para candidatos como López Aliaga y Fujimori. Aunque para Corvetto, aquello fue solo una “falla del distribuidor del material electoral”. ¿Qué podemos esperar hoy? ¿Hemos votado amparados por la ley, con garantías plenas? Para una parte significativa del país, la respuesta es un rotundo NO. Lo único cierto es que el Perú llegó a estas elecciones dividido y sometido a un sistema electoral abyecto, manipulado por el socialismo, cuya venalidad ha quedado expuesta estrepitosamente. Ayer votamos, cierto. Pero hoy enfrentamos un reto: auditar un conteo que millones observan con apabullante desconfianza.

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