El 2026 no es un año más en nuestro calendario económico. Es, como advierten los analistas, el punto de inflexión que definirá si Perú consigue recuperar la senda del crecimiento o si continúa hundiéndose en esta espiral de inestabilidad que permanece marcándolo desde hace más de una década. Consolidar el crecimiento dejó de ser una realidad para transformarse nuevamente en aspiración. Y, junto con ella, la estabilidad institucional, la coherencia política y la consolidación macroeconómica han pasado a ser bienes escasos, casi insólitos, en un país que alguna vez fue ejemplo regional. El 2024 cerró con un crecimiento de 3.3 %, impulsado principalmente por la inversión pública y el rebote de sectores primarios. Pero el 2025 fue otra historia: un año cruelmente marcado por la improvisación legislativa, el populismo fiscal y la consigna tácita del “sálvese quien pueda”, que emanó del Congreso y se amplificó en el resto del aparato estatal. El resultado fue un expolio del erario público, disfrazado de “beneficios sociales”, que drenó decenas de miles de millones de soles hacia el gasto no productivo. La meta oficial de crecimiento —apenas 0.4 %—, ajustada luego a 3.8 %, es un efímero optimismo que luce más como un acto de fe que como una proyección técnica, especialmente en un contexto global adverso. Este año, además, llega cargado de tensiones adicionales. La efervescencia electoral, los efectos de la guerra en Medio Oriente y, fundamentalmente, el riesgo de que el país retroceda a proyectos políticos cargados de socialismo, improvisación y desconocimiento del manejo del Estado constituyen un cóctel explosivo. A ello sumémosle la mediocridad de las autoridades que han dirigido el Perú desde que, en 2011, se instaló una hegemonía socialista que —según este escriba— deja daño económico, destrozo institucional y caos social como saldo inconmensurable. El entorno internacional tampoco ofrece salvavidas. La economía global apenas crecerá 2.8 %, golpeada por tensiones geopolíticas, conflictos regionales y una creciente fragmentación del comercio. La rivalidad entre potencias reconfigura flujos de inversión, impone nuevas barreras tecnológicas y acelera procesos de relocalización productiva. En este nuevo orden, la eficiencia económica no basta. La estabilidad institucional, la previsibilidad regulatoria y la confiabilidad política son ahora criterios centrales para orientar inversiones. Ahí estriba nuestro gran problema. Mientras otros países fortalecen sus cifras macroeconómicas, respetan sus reglas fiscales y consolidan su seguridad jurídica, el nuestro ofrece exactamente lo contrario: volatilidad política, desprecio por la ley, improvisación legislativa y permanentes señales de incertidumbre. El capital —siempre distante del riesgo— simplemente se aleja. Además, enfrentamos un riesgo adicional: el voto emocional, aquel que se emite con el hígado, no con la cabeza. Lo que tantas veces nos ha empujado hacia abismos de los que costó décadas salir. En un contexto tan frágil, un error electoral podría sellar el destino económico del país por décadas. El escenario es sombrío. Salvo algún milagro, Perú deberá enfrentar las consecuencias de una década de decisiones erradas, instituciones debilitadas y una clase política infame, que trata al Estado irresponsablemente como botín, no como responsabilidad histórica. El tiempo se agota. Y la realidad no espera.

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