Las elecciones del domingo y las complementarias de este lunes han dejado al Perú en un estado de auténtica conmoción cívica. Para amplísimos sectores ciudadanos, lo que vivimos el domingo no constituye una jornada democrática válida, sino un proceso manchado por irregularidades, desorden y decisiones institucionales que han dinamitado toda confianza pública. Desde esa perspectiva, la conclusión es inevitable: ESTAS ELECCIONES DEBEN ANULARSE. Por tanto, el Jurado Nacional de Elecciones deberá convocar a nuevos comicios, esta vez bajo nuevas y solventes autoridades electorales. La indignación ciudadana no surge de algún capricho, sino de la acumulación de hechos que, según múltiples opiniones, destruyen totalmente la transparencia del proceso. Entre esas voces, destaca con insistencia la culpabilidad de Piero Corvetto, aquel eternizado jefecito de la ONPE a quien sendos sectores justificadamente acusan, desde hace años, de haber permitido, aparte de jamás evitado, graves irregularidades en procesos anteriores. Para quienes sostenemos estas denuncias, lo sucedido el domingo 12 no es un episodio aislado. ¡Es la reiteración de un patrón! En ese marco, Corvetto aparece como un funcionario que, con insolente negligencia, ha actuado sostenidamente retroalimentando hechos y sospechas que nuestro país no puede permitir. Aceptar como válida una jornada plagada de vicios flagrantes, como denuncian numerosísimos ciudadanos, personeros y organizaciones civiles, implicaría destruir la esencia misma de aquella nitidez que necesita rodear las labores de toda autoridad electoral sería. La democracia no se sostiene solamente con el acto de votar, sino en la confianza en que cada voto sea contabilizado con integridad. Cuando aquella confianza se quiebra, el proceso entero pierde legitimidad. ¡A ello se suma la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de difundir resultados preliminares el mismo domingo, estando lejos de haber concluido! Aparte, persistían sucesivas denuncias de irregularidades en la instalación de mesas, distribución de materiales, operatividad de sistemas informáticos; y, fundamentalmente, ¡ya se hablaba de una elección complementaria! Para quienes cuestionamos el proceso, esa precipitación no solamente fue imprudente: fue una vil, prematura maniobra para convalidar un acto electoral que, desde su origen, ha nacido viciado. En este contexto, elegir apresuradamente, por imposición y/o por inercia institucional, sería la receta perfecta para profundizar la indignación nacional. ¡Un país crispado, herido y desconfiado no puede ser obligado a aceptar resultados que una parte significativa de la población percibe como ilegítimos! Hacerlo únicamente retroalimentaría la indignación general, el resentimiento absoluto y una consolidada sensación de abuso. Por ello, la única salida que muchos ciudadanos consideramos viable es muy clara: anular estas elecciones y convocar a nuevos comicios en un plazo razonable, no menor a seis meses, bajo la conducción de un renovado y profesional Jurado Nacional de Elecciones, evidentemente libre de cuestionamientos. ¡No se trata de un capricho personal, sino de una necesidad nacional! El Perú no debe permanecer construyendo su futuro sobre cimientos corroídos, sobre elecciones tramposas convocadas por jerifaltes cuestionados/corruptos. La democracia no se defiende aceptando lo inaceptable. Se defiende exclusivamente exigiendo claridad, responsabilidad y respeto por la voluntad popular. ¡Para millones de peruanos, aquellos valores solamente serán posibles empezando de nuevo!

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