La gravedad del contexto internacional y las elecciones generales de 2026, encuentran a Perú en una situación política debilitada y en permanente crisis presidencial que ha significado la vacancia de tres mandatarios en los últimos cinco años. En este escenario cambiante, no sería raro que ocurrencias extraordinarias vuelvan a opacar aún más el proceso en curso, el mismo que selecciona a miles de candidatos a ocupar altos cargos en los poderes Legislativo y Ejecutivo. La situación actual de Acción Popular, fundado en 1956 por el expresidente Fernando Belaunde, refleja lo que otras agrupaciones políticas podrían padecer en menor o mayor intensidad. Se trata de la sentencia de la judicatura penal, a casi tres años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución, por ser autor del delito contra la Administración Pública - Omisión de Denuncia previsto y sancionado en el artículo 407 del Código Penal, en agravio del Estado - Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Norte, cometido por el exalcalde de San Martín de Porres y actual presidente de Acción Popular, Julio Chávez Chiong, durante su gestión edil desde 2019 hasta el 2022. Consecuentemente, está inhabilitado para postular a cualquier cargo electivo público y, además, ética y moralmente, también debería estar impedido de presidir una institución eminentemente política. El caso descrito es uno más de los procesos penales que carga a lo largo del tiempo desde que se inició como gerente municipal en uno de los distritos de Tarapoto, región San Martín. El problema para el acciopopulismo es que Chávez hace caso omiso al pedido de su renuncia formulado en el Plenario Nacional, por el Comité Político que él preside, altos dirigentes y autoridades nacionales, así como un número importante de secretarios generales departamentales. Pretendería así blindarse hasta el término de su mandato, recién convocar a elecciones y que alguien asuma la tarea de reorganizar e reinscribir el partido en el JNE. No olvidemos que AP y el JNE resolvió retirarlo del actual proceso electoral, debido a las mutuas acusaciones de fraude en las internas entre los candidatos Alfredo Barnechea y Julio Chávez. Un escándalo jamás registrado en Acción Popular. Con una ciudadanía cuestionable, trayectoria orientada al interés personal como incompetencia en la hora de las decisiones, el mencionado personaje refleja irresponsabilidad supina. Hay aquí una suerte de desapego a la realidad; es decir falta de “ética de la responsabilidad política”; en otras palabras, incapacidad para asumir las consecuencias de sus acciones. AP, con 280 mil afiliados, es un potente aliado de fuerza en las próximas elecciones municipales y regionales. De triunfar la alianza en Lima Metropolitana continuaría vigente su inscripción en el JNE. De tiempo atrás hay vínculos con diversos candidatos a la alcaldía de la metrópoli que motivaría un casi seguro triunfo electoral. Naturalmente, ello significará numerosos desprendimientos de potenciales y calificados aspirantes acciopopulistas al sillón municipal. Una vez más el partido les pediría un nuevo sacrificio.

*Exsenador de la República

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