Lo que el país presenció el pasado domingo 12 de abril no fue solo un error logístico o un traspié administrativo; fue un papelón paupérrimo que bordea lo criminal. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), una entidad que tuvo cinco años, 60 meses de presupuesto y planificación, para garantizar una jornada impecable, transparente y técnica, terminó convirtiéndose en el principal agente de desestabilización de nuestra democracia. Es una vergüenza nacional que no tiene precedentes cercanos y que ha sumido al Perú en una crisis de credibilidad extrema. Seamos claros, se ha vulnerado el derecho constitucional al sufragio de millones de peruanos. No estamos ante un debate de preferencias electorales; aquí no importa quién ganó o quién perdió la primera........

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