La Comisión de Justicia del Congreso, presidida por la bancada Cerronista, puso en agenda recientemente el debate de un cuestionable predictamen recaído en el Proyecto de Ley N.º 13486/2025-CR, cuyo autor es el congresista Waldemar Cerrón. Esta iniciativa pretende modificar la Ley 27775 para acelerar el pago de indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado peruano, lo que en la práctica podría facilitar la entrega de dinero a familiares de terroristas. A primera vista podría parecer una simple modificación técnica para agilizar procedimientos. Sin embargo, lo que realmente plantea esta propuesta tiene serias implicancias para la soberanía nacional y para el equilibrio institucional del Estado. Primero, se establece que las obligaciones económicas derivadas de sentencias internacionales —en este caso de la Corte Interamericana— se ejecuten directamente dentro del aparato administrativo del Estado. En otras palabras, los pagos se realizarían sin requerir intervención judicial, reduciendo controles internos y limitando el debate jurídico dentro del propio sistema de justicia. Eliminar esa intervención significa renunciar a uno de los mecanismos fundamentales de defensa institucional frente a decisiones internacionales, incluso cuando estas puedan ser cuestionables o exceder las competencias de la propia Corte Interamericana. No olvidemos que el propio Tribunal Constitucional, en diversos casos, ha corregido decisiones de la Corte IDH. Segundo, el predictamen plantea que estas reparaciones económicas se paguen directamente desde el presupuesto de las instituciones públicas involucradas. Además, propone que la Procuraduría General del Estado determine quién paga mediante acuerdos “vinculantes e irrecurribles”, lo que en la práctica reduce las facultades de control de nuestros jueces. Tercero, esta reforma consolida una tendencia preocupante: la expansión del poder de tribunales internacionales sobre decisiones que deberían corresponder, en última instancia, al Perú y a los peruanos, conforme a nuestro orden constitucional y democrático. Nadie discute que los derechos humanos deben ser protegidos. Pero ningún sistema internacional puede sustituir la soberanía de los Estados ni pasar por alto el control de nuestras instituciones. La defensa de los derechos no puede convertirse en un mecanismo para debilitarlas ni para imponer interpretaciones externas por encima de la Constitución y del sistema jurídico peruano. Por estas razones, y gracias a la firme oposición expresada en la Comisión de Justicia, el predictamen ha pasado a cuarto intermedio. Seguiremos vigilantes frente a estas intentonas que buscan debilitar nuestras instituciones y utilizar los recursos del pueblo para agendas ideológicas. ¡Terrorismo nunca más!

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