En el Perú, específicamente en ciertos sectores del activismo feminista, la violencia es condenable dependiendo de quién la ejerza. Cuando la comete el adversario, hay que indignarse. En cambio, esa misma violencia parece tolerable cuando el denunciado pertenece al propio sector político. Este patrón vuelve a quedar en evidencia tras la denuncia por presunta agresión física contra una mujer, que motivó la intervención y la detención del diputado Julián Pérez, integrante de Juntos por el Perú. Si bien es cierto que corresponde investigar, observando para ello el debido proceso y la presunción de inocencia, también resulta imposible ignorar el silencio de quienes han hecho de la defensa de la mujer su principal bandera política y que, hace apenas unos días, juraron luchar por la eliminación........

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