Si en algo estamos de acuerdo los peruanos, es que los niveles de informalidad son tremendamente altos y que necesitamos urgentemente medidas para la formalización. En reciente columna en este diario que nos acoge, el eminente economista Jorge Baca Campodónico recomendaba, para la formalización, sobre todo la laboral, terminar con el sistema de aportes para la Seguridad Social, sea ella para salud o para pensiones, y ser sustituido por incremento del IGV. También Jorge Baca señaló que, si no nos formalizamos, “el Perú seguirá atrapado en la trampa de los países de ingreso medio: demasiado rico para ser pobre, pero demasiado informal para ser desarrollado”. Muchísimos expertos coinciden en que, para facilitar la formalización, debería darse una amnistía, pero olvidan que no se trata solamente de aspectos tributarios, sino que hay infinidad de otras áreas de informalidad que se tienen que arreglar, como son aspectos municipales, de defensa civil, como también los aspectos laborales dentro de una larguísima carga de obligaciones legales de distinta índole. De poco o nada servirá que se otorgue una amnistía para la temática tributaria, si al día siguiente de que el informal se acoja a ella para formalizarse, le caerá la municipalidad de la localidad en que opera por falta de licencia de funcionamiento, también Defensa Civil por no tener extintor de incendios, Sunafil por diversidad de incumplimientos laborales, y así podríamos seguir y seguir. En lo que se refiere a aspectos fuera del ámbito laboral, la amnistía a otorgarse tendría que ser muy amplia, hasta incluso con perdón de adeudos y sanciones, pero en lo laboral ello no puede hacerse, puesto que el inciso 2 del artículo 26 de la Constitución determina el “carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”, por lo cual en adeudos laborales se podrá legislar algún fraccionamiento, pero no amnistía, olvido ni perdón. Realmente la normatividad laboral, por cuyo incumplimiento se puede sancionar, es frondosa, por lo que cualquier medida legal para la formalización tiene que tener medidas adecuadas de solución, como por ejemplo la inexistencia de supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, las cuatro capacitaciones anuales a los trabajadores respecto a peligros y riesgos, los exámenes médicos ocupacionales, el mapa de riesgos, el manual de organización y funciones, seguro de vida, supervisión de prevención del hostigamiento sexual, disposiciones sobre protección de datos personales, pago de cotizaciones de seguridad social, como EsSalud y sistema pensionario. También hay muchas otras obligaciones no laborales, como las de libro de reclamaciones, contar con oficial de cumplimiento, declaración de beneficiario final, libros contables y otros, registros de adquisiciones y de ventas con inclusión de guías de remisión, de entrega y diversidad de controles. Si considera el apreciado lector de esta columna que ya hemos relatado todas las obligaciones que tiene que cumplir el emprendedor para su formalización, pues se equivoca. Lo que ha pasado es que nos cansamos de señalarlas y creemos que ni siquiera conocen todas ellas los llamados a su fiscalización. Parecería que quienes crean requisitos y registros se engolosinan poniendo trabas a los emprendedores para generar incumplimientos y sancionarlos y, peor aún, cuando participan de las multas. ¡Qué difícil es hacer patria con tantos requisitos, registros, trámites y procedimientos! Hay que llamar a un ¡Basta ya!

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