El episodio dejó de ser solo una controversia doméstica para transformarse en un síntoma de los tiempos que vivimos, que trascienden nuestras fronteras, en que la política exterior ya no es un espacio de acuerdos amplios.

Pasó lo que tenía que pasar. Se terminó el misterio, atrás quedaron las especulaciones. Ni las amenazas de un “endurecimiento” de la oposición, ni la maniobra de incorporar a Brasil y Mexico como patrocinadores, sin informar al presidente electo, sirvieron. Pasó lo que tenía que pasar y el gobierno le quitó el piso a la candidatura de Michelle Bachelet.

Para la izquierda fue un “agravio imperdonable” perpetrado en contra de quién fue dos veces presidenta de la república y destacada funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas. Un gesto “antipatriótico” que mancillaría el prestigio del país.

Es cierto, como argumentan algunos, que desde la recuperación de la democracia la pertenencia política no ha sido un factor a la hora de apoyar compatriotas que postulan a cargos internacionales. Como ocurrió con José Miguel Insulza y Andrés Allamand.

No tengo ninguna duda de que, en otro momento, con cualquier gobierno, su postulación habría sido vista como algo lógico y natural, exenta de toda polémica.

Pero las cosas han cambiado y hoy en el mundo se libra una “guerra” político-cultural que compromete al orden mundial y sus instituciones más relevantes, asumida en plenitud por el movimiento MAGA, que reivindica los valores del “nacionalismo cristiano”.

Sus banderas y pancartas eran las más visibles durante el Asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021; no se puede entender la reelección de Donald Trump ni el auge de la extrema derecha en Europa y América Latina sin considerar el peso de estos movimientos radicales.  Para nadie es un misterio la existencia de una enorme afinidad ideológica entre nuestro gobierno y esas corrientes conservadoras.

Decisión política e ideológica.  La postura del gobierno no se debió solo, como dice, a una evaluación desapasionada de sus posibilidades reales de “elegibilidad”; que “tras una ronda de consultas con distintos actores nacionales y extranjeros”, los llevó a la conclusión de que la candidatura no tenía viabilidad.

Fue más bien la excusa para hacer menos polémica la decisión. Se trataba de impedir que una visión del mundo “woke” ocupe posiciones de poder.

En consecuencia, fue una decisión política e ideológica.

Bachelet encarna todo aquello que la extrema derecha contemporánea ha decidido combatir: una mujer socialista, con una trayectoria marcada por la promoción de políticas públicas asociadas a la igualdad de género, los derechos sociales y la ampliación de libertades individuales, derechos reproductivos.

Que durante sus gobiernos impulsó reformas que, más allá de sus resultados o controversias, fueron parte de una agenda progresista coherente; y, posteriormente, desde su rol en la ONU, reforzó esa impronta al situar los derechos humanos, incluyendo los de minorías sexuales, migrantes y mujeres, en el centro del debate.

Agenda. Además, esta decisión se toma en el contexto de un cuestionamiento a Naciones Unidas, una impugnación estructural de su legitimidad que se ha transformado en una de las banderas de lucha del conservadurismo “anti globalista”.

Para ellos, el organismo está capturado por la izquierda y ya no cumple su función original de coordinar a los Estados, sino que se habría convertido en una plataforma ideológica dominada por una élite progresista, obsesionada con agendas “identitarias”.

Visión que fue articulada con especial crudeza por Donald Trump, quien en su última intervención ante la Asamblea General se dedicó a denostar a la organización. Pero más allá de sus palabras, lo relevante es la coherencia entre discurso y acción.

Estados Unidos se ha retirado de múltiples instancias multilaterales al mismo tiempo que desfinancia y cierra importantes agencias; instalando la idea de que la cooperación internacional no solo es ineficiente, sino que sirve de apoyo a grupos “radicales” de izquierda y hasta terroristas.

En esa lógica, la llegada de Bachelet era indeseable. Sería poner el “púlpito” de las Naciones Unidas al servicio de un relato que el conservadurismo no solo no comparte, sino que combate; La idea de que el orden internacional debe incorporar activamente agendas de derechos, diversidad e inclusión y actuar con respeto a las normas del derecho internacional.

Batalla cultural. La ONU deja de ser vista como una herramienta útil para la cooperación entre naciones y pasa a ser percibida como un obstáculo para el ejercicio pleno de la voluntad soberana de los estados miembros.

Hay una agenda, que busca reemplazar el orden establecido después de la segunda guerra mundial, por una política basada primariamente en intereses de las grandes potencias y sus aliados dentro de sus “esferas de influencia”.

En esta clave, la decisión del gobierno encuentra su lógica y explica porque estuvo dispuesto a pagar todos los costos políticos asociados. Responde a su sintonía con esa crítica global al multilateralismo y, en particular, a la agenda de derechos que organismos como la ONU han promovido en las últimas décadas.

El episodio deja de ser solo una controversia doméstica para transformarse en un síntoma de los tiempos que vivimos, que trascienden nuestras fronteras, en que la política exterior ya no es un espacio de acuerdos amplios, sino que se convierte en un campo de batalla de la disputa ideológica y cultural.

Lo que quiere decir que Bachelet tenía adversarios ideológicos y políticos externos mucho más poderosos que no querían que ocupara el cargo.

En todo caso hay que rescatar el gesto del gobierno de comprometerse públicamente a no apoyar ninguna otra candidatura; una señal de no hostilidad que, al menos, evita transformar este episodio en un alineamiento activo en contra de Michelle Bachelet.

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