La opinión pública europea asiste, a menudo con frustración, a la aparente impunidad que rige en las relaciones internacionales ante las mayores atrocidades humanas. Sin embargo, el desarrollo del derecho internacional cuenta desde hace más de dos décadas con un hito jurídico sin precedentes en la lucha contra la barbarie: el Tribunal Penal Internacional (TPI). Su andadura, lejos de ser un camino fácil, refleja la lucha entre la lógica del poder y el imperativo de construir una justicia universal.

El TPI nació formalmente el 1 de julio de 2002, tras la entrada en vigor del Estatuto de Roma de 1998, un tratado multilateral que hoy cuenta con la adhesión de 124 Estados. A diferencia de los tribunales ad hoc de Núremberg o Tokio, erigidos por los vencedores tras la Segunda Guerra Mundial, o de los creados por el Consejo de Seguridad de la ONU para la antigua Yugoslavia y Ruanda, el TPI se instituyó como el primer órgano judicial permanente e independiente con capacidad para juzgar los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Su jurisdicción se rige por el principio de complementariedad, interviniendo única y exclusivamente cuando los tribunales propios de un Estado no pueden o no quieren actuar de manera real.

Sin embargo, la arquitectura del Estatuto de Roma encuentra su mayor debilidad en la persistente resistencia de las grandes potencias mundiales que insisten en situar su soberanía estatal por encima de la justicia universal. Estados Unidos, Rusia y China son los líderes de la lista de los Estados que no integran el TPI. Washington firmó el tratado, pero no........

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