La decisión del Tribunal Supremo de proceder a la destrucción de todo el material incautado por los Mossos d'Esquadra relacionado con el referéndum del 1 de octubre de 2017 porque carece de "valor histórico" es básicamente un acto arbitrario, que además es desproporcionado y buscadamente revisionista. La historia no desaparece por la destrucción de pruebas como pretende ahora hacer el Supremo y, en cambio, es una decisión irreparable que empobrece el patrimonio cultural colectivo y dificulta el trabajo de los historiadores en el futuro. Es cierto que se conservará una unidad de cada objeto del material incautado, pero, pese a haber sido reclamado por los poseedores de la legalidad institucional cuando sucedieron los hechos —el president Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras y el conseller d'Exteriors Raül Romeva—, se acaba........

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