Casi nueve años después del referéndum del primero de octubre, ya estamos casi al final de una etapa. Estamos al principio del final de una etapa y al comienzo de una nueva etapa, a la vez. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que la ley de amnistía es plenamente legal y vigente, porque no es contraria al derecho de la UE. Los quince magistrados de la gran sala de este tribunal, con sede en Luxemburgo, han dictado dos sentencias relativas a las preguntas prejudiciales presentadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas y han desmontado punto por punto todo el argumentario de la judicatura española, que se niega a aplicar la citada ley: ha quedado bien patente que la amnistía del posible delito de malversación no afecta a los intereses financieros de la UE y la amnistía tampoco vulnera la directiva europea sobre el terrorismo. Por lo tanto, decenas de antiguos altos cargos del Govern y muchos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) deben ser finalmente amnistiados de las causas que arrastran todavía hoy. La rebelión del Tribunal Supremo contra la aplicación de la ley debería cesar de manera inmediata, aunque ha conseguido dilatar el sufrimiento un par de años. El Estado debería indemnizar a las personas que han sido víctimas de este ánimo vengativo del TS y el PSOE debería tomar........

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