El aumento del salario mínimo suele abordarse desde debates ya conocidos. Puede discutirse su impacto en la informalidad, su efecto inflacionario, la carga para las micro y pequeñas empresas, su indexación a obligaciones legales, e incluso la forma en que se alinea con el calendario político-electoral. Más allá de la coyuntura concreta, que ciertamente no es menor, me interesa detenerme en una cuestión más estructural: el marco jurídico que regula su fijación. En él convergen principios constitucionales, como la protección del trabajo y la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil, con criterios técnicos definidos por la Ley 278 de 1996, como la inflación, la........

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