Las acusaciones que hoy tienen en la cárcel a Ángel Aguirre Rivero, por haber ocultado información y evidencias sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace casi 12 años no son nuevas ni las acaba de descubrir la Fiscalía General de la República. Lo que la fiscal, Ernestina Godoy, cita como “testimonios de personas colaboradoras” que acusan al exgobernador de Guerrero de desaparecer videos y evidencias que involucraban al gobierno municipal de Iguala, se conocen desde 2014 y ya desde entonces el extinto Cisen había investigado y documentado una relación sentimental por la que Aguirre protegía a María de los Ángeles Pineda y a su esposo, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Lo único que hizo la fiscal Godoy, como uno más de sus servicios a la apurada y presionada presidenta Claudia Sheinbaum, fue desenterrar acusaciones y expedientes, ahora puestos en boca de presuntos “testigos colaboradores”, para acusar penalmente al protegido Ángel Aguirre Rivero, que en el momento de la tragedia de Iguala, logró salir impune por dos poderosas razones: porque el gobierno de Enrique Peña Nieto no se atrevió a acusarlo, a pesar de tener la misma información y evidencias que hoy se citan como nuevas, y porque también Aguirre contaba con vínculos y relaciones con Andrés Manuel López Obrador, que fue quien, junto con Marcelo Ebrard, lo acogió y lo postuló a su segunda gubernatura por el PRD.

Todos, los obradoristas y los peñistas, supieron del papel que jugó Aguirre Rivero para tratar de proteger a toda costa al matrimonio Abarca Pineda, al que al final terminó abandonando cuando fueron detenidos y procesados. Y se sabía del “triángulo amoroso” que existió entre el entonces gobernador y la pareja que gobernaba Iguala, porque las áreas de inteligencia federal documentaron entonces la relación personal y sentimental que sostenían Aguirre Rivero y María de los Ángeles Pineda, lo que llevó al mandatario estatal a ordenar la desaparición de los videos que hoy se mencionan como pruebas del ocultamiento de información, y que registraron el momento en el que uno de los camiones en que viajaban los normalistas, fue detenido por policías municipales de Iguala, según captaron cámaras de seguridad.

El 27 de octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los 43 normalistas, publiqué en esta columna un informe directo del CISEN que me proporcionó un alto funcionario del gobierno de Peña Nieto. En el documento, elaborado por los agentes de inteligencia federal, y que me fue entregado unos días antes en una oficina de la Presidencia de la República en Los Pinos, se informaba, con lujo de detalles, de la relación personal y sentimental que mantenían Ángel Aguirre y María de los Ángeles Pineda, ubicada desde entonces como operadora del Cártel Guerreros Unidos, que lideraban sus hermanos y que protegía su esposo el alcalde perredista de Iguala José Luis Abarca.

Tal como lo escribí en este mismo espacio, Aguirre Rivero y María de los Ángeles se reunieron en las oficinas de Protur, en Acapulco, el 29 de septiembre de 2014, tres días después de la desaparición de los estudiantes. El........

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