“La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho.”

La rama judicial, uno de los tres poderes públicos que, aunque independientes, deben funcionar en forma armónica con las ramas ejecutiva y legislativa, atraviesa hoy —vale la pena decirlo sin ambages— un momento de zozobra que amenaza con convertirla, una vez más, en la rama seca del Estado. Esa frase, repetida hasta el cansancio en la historia institucional colombiana, vuelve a resonar en los primeros días de este gobierno que comienza.

Las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) llegaron para quedarse

No se avizoran avances; más bien, retrocesos. Para la vigencia de 2026, el presupuesto de la rama judicial sufrió un recorte de 695 mil millones de pesos, sumado a una reducción previa de 4,4 billones frente a la solicitud inicial de 16 billones. La tijera afectó a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y a los planes de descongestión, y frenó la creación de cargos para la naciente jurisdicción agraria y rural.

En ese contexto llega el nuevo mandatario, Abelardo de la Espriella, quien en su discurso de posesión —el 7 de agosto, desde el Batallón Pichincha, en Cali— anunció la construcción de megacárceles “destinadas a recluir a quienes........

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