La presidenta Claudia Sheinbaum cruzó el domingo una línea que había evitado durante los primeros meses de su gobierno. Desde el Monumento a la Revolución denunció una presunta ofensiva política encabezada por sectores de la “ultraderecha” de Estados Unidos. Señaló al Departamento de Justicia y las investigaciones que sigue contra políticos mexicanos, con una supuesta intención de influir en la elección de 2027. El endurecimiento coincide con la presión de Washington sobre Morena y particularmente sobre figuras mediante las cuales se financiaron varias campañas, como la de Rubén Rocha Moya.

El mensaje fue más allá de una defensa convencional de la soberanía. La presidenta sostuvo que detrás de las “campañas de desinformación” y de las acusaciones contra funcionarios mexicanos existen “sectores conservadores nacionales e internacionales”. Cuestionó si las investigaciones promovidas desde Estados Unidos buscan realmente combatir a la delincuencia organizada o si forman parte de una estrategia para influir en la vida política mexicana. La frase más delicada llegó cuando advirtió que primero vienen por unos actores políticos y después por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia terminan convirtiéndose en el principal elector de México.

Este lunes intentó matizar sus dichos. Dijo que no considera que el presidente Donald Trump encabece personalmente una ofensiva contra México y atribuyó las presiones a grupos de la ultraderecha estadounidense aliados con sectores conservadores mexicanos. Sin embargo, si las críticas están dirigidas al Departamento de Justicia, a los fiscales federales, a las agencias de seguridad o a funcionarios republicanos, inevitablemente involucra a la administración de Trump y al propio presidente, que ha dicho una y otra vez que México está controlado por los grupos criminales, considerados terroristas.

El deterioro en la relación puede rastrearse desde abril, cuando dos agentes estadounidenses murieron en Chihuahua durante un operativo relacionado con un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. La reacción inicial de Sheinbaum sorprendió en Washington. Antes que expresar condolencias, exigió explicaciones sobre la actuación de personal estadounidense en territorio nacional. La Casa Blanca respondió por conducto de la vocera Karoline Leavitt, quien cuestionó la falta de solidaridad mostrada por el gobierno mexicano.

Después vinieron las declaraciones del director de la DEA, Terry Cole, sobre la presunta complicidad histórica entre organizaciones criminales y funcionarios mexicanos. Llegaron también las investigaciones del Departamento de Justicia relacionadas con Sinaloa y el caso de Rocha Moya, que colocó por primera vez a un gobernador de Morena en el centro de una ofensiva judicial estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Trump ha insistido en que los cárteles ejercen control sobre amplias regiones mexicanas y ha advertido que Estados Unidos actuará para proteger su seguridad nacional si México no enfrenta con mayor contundencia a esas organizaciones. Marco Rubio, legisladores republicanos, fiscales y funcionarios de seguridad han seguido una línea similar. El mensaje es que el problema ya no se limita a los grupos criminales, sino que alcanza a sectores de la estructura política mexicana.

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