Acapulco aprendió a contar pérdidas antes que turistas. Primero llegaron Otis y John. Después llegaron las cifras. Hoteles cerrados, miles de empleos afectados, colonias enteras sin servicios durante meses y un ayuntamiento obligado a reconstruir una ciudad que representa una parte esencial del turismo nacional. De acuerdo con estimaciones oficiales y de organismos empresariales, los daños materiales se contaron por decenas de miles de millones de pesos. Cada peso del presupuesto municipal adquirió un valor distinto. Cada contrato, cada obra y cada transferencia merecían un nivel de vigilancia extraordinario.

En ese contexto apareció un expediente que nunca debió convertirse en una discusión jurídica sobre competencias. La Suprema Corte resolvió que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero no podía fiscalizar recursos federales ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco y que esa facultad corresponde a la Auditoría Superior de la Federación. La resolución benefició a la alcaldesa Abelina López Rodríguez en ese conflicto competencial. La Corte no resolvió el destino de los recursos ni concluyó que su ejercicio fuera correcto. Sin embargo, millones de mexicanos observaron otra escena: una autoridad pidió información, otra autoridad........

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