Circula en redes sociales la segunda entrega de una temeraria “denuncia” seriada sobre la existencia de un “pacto de silencio” suscrito por varios periodistas y servidores públicos en Cartagena para no informar sobre supuestos actos de corrupción que se estarían cometiendo en la actual Administración distrital.

La video-denuncia, estratégicamente multiplicada, despliega una artillería de diatribas, insultos, descalificaciones y señalamientos a los presuntamente implicados, entre los que me mencionan, y se complementa con la divulgación de aparentes sumas de dinero que estaríamos recibiendo en compensación, mediante contratos de publicidad y Órdenes de Prestación de Servicios (OPS).

Tales señalamientos sugieren conductas que atentan contra la administración pública, como celebración indebida de contratos, cohecho, encubrimiento y hasta concierto para delinquir. No obstante, la virulenta arremetida digital no presenta pruebas que los soporten. Cada uno de los afectados está reaccionando conforme a sus propios argumentos.

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En lo que nos corresponde (incluyo a mi esposa, abogada no relacionada con medios de comunicación), nos sentimos víctimas de una infamia liderada por un oscuro y caricaturesco personaje, quien, con deliberado uso de información falsa, ha pretendido afectar nuestra imagen, reputación, honorabilidad y seguridad.

Desde 1980 y durante 30 años ejercí el periodismo en medios de radio, prensa y televisión a nivel local, regional, nacional e internacional, obteniendo múltiples reconocimientos, incluyendo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Posteriormente, transité, con formación especializada a la docencia universitaria, a la comunicación estratégica de gobierno, y fortalecí mi vocación de escritor con la publicación de varios libros.

En las últimas dos décadas no he tenido vinculación laboral, ni contractual con medios de comunicación; mi rol principal es como asesor en comunicaciones de gobierno, lo que me ha permitido acompañar como trabajador independiente y de manera alternada a administraciones públicas del orden nacional, departamental y distrital. Mi condición como columnista de opinión en este medio, desde hace muchos años, es ad honorem, con plena libertad para abordar temas de interés, sin que ello represente conflictos de intereses, éticos, morales o legales por las asesorías que ejerzo.

Los contratos que he suscrito y sus respectivos honorarios están al alcance de cualquier ciudadano en la plataforma SECOP. Los supuestos millonarios pagos recibidos en 2026 para el “pacto del silencio” son absolutamente falsos en su origen y cantidades; corresponden a una perversa sumatoria de contratos legales suscritos desde años anteriores.

Hasta ahora he tolerado con tranquilidad esporádicas antipatías de algunos francotiradores de la moral, ignorando sus propósitos desestabilizadores, pero en esta oportunidad, además de esta explicación a mis lectores y a este medio, he instaurado ante la Fiscalía General de la Nación, a través de mi apoderada, la correspondiente denuncia por injuria y calumnia, con circunstancia de agravación punitiva. Agradezco las múltiples expresiones de solidaridad recibidas. Al igual que mi esposa, tengo las manos limpias y la conciencia tranquila. Confío plenamente en la justicia, a la que corresponde confirmar si lo que existe es un “pacto de silencio”, o un pacto de difamación orquestado por detractores del gobierno, que disparan con sus escopetas de regaderas agravios, insultos y mentiras, convertidas en balas.

*Escritor y asesor en comunicación estratégica de gobierno.

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