La extorsión es uno de los delitos que más profundamente lastiman a la sociedad. Afecta de manera directa a las familias, a los pequeños, medianos y grandes comercios que todos los días trabajan para salir adelante. Genera pérdidas económicas, produce miedo, incertidumbre y debilita el tejido social impactando la vida cotidiana de comunidades enteras.

Por ello, el combate a la extorsión es una responsabilidad institucional, una política de Estado que exige firmeza, coordinación y resultados. Esta precisamente fue la convicción que dio origen al Primer Encuentro Nacional de Procuradurías y Fiscalías Estatales en Materia de Secuestro y Extorsión, concebido para emprender y coordinar una respuesta conjunta frente a un fenómeno que crece y que afecta profundamente la tranquilidad social.

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