En Aguascalientes, el Congreso local elegirá este 15 de diciembre a la persona que encabezará la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) durante los próximos cuatro años. Esta decisión definirá si la Comisión seguirá funcionando como un contrapeso real o si será capturada por intereses partidistas, conservadores y policiales. No es un tema local menor. Es un termómetro democrático: la derecha pretende seguir avanzando con una agenda conservadora que limita la progresión de los derechos.

En México, las comisiones de derechos humanos existen para una función muy concreta: vigilar a las y los servidores públicos y proteger a la ciudadanía cuando es el propio Estado quien viola derechos. Son organismos autónomos que reciben quejas por abusos policiales, violencia institucional, negligencias médicas, detenciones arbitrarias y actos de discriminación. No están hechas para convertirse en extensiones de partidos políticos ni para ser encabezadas por personas sin trayectoria ni experiencia real en la defensa de los derechos humanos.

El aspirante más alarmante es Alan Capetillo. Su trayectoria pública no solo ha estado marcada por la polémica, sino por una serie de antecedentes que lo colocan como un riesgo real para la defensa de los derechos humanos. Medios locales han documentado que fue separado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes tras señalamientos por conductas hostiles hacia comunidades vulnerables. No hablamos de un debate ideológico ni de diferencias de opinión, sino de un historial de confrontación con los mismos grupos que una Comisión de Derechos Humanos está obligada a proteger. Capetillo representa exactamente lo que la institución debe contener: es dirigente estatal de organizaciones que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos y a la igualdad de la comunidad LGBTTTI. Su agenda no es neutral ni técnica, es abiertamente regresiva. Colocarlo al frente de la........

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