En 2024, se aprobó una reforma constitucional para desaparecer al INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) y trasladar sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (una dependencia del Gobierno Federal). El INAI tenía entre sus funciones vigilar que las entidades del gobierno entregaran información pública a ciudadanos que la solicitaran y que tanto entes públicos como privados protejan los datos personales y restrinjan su uso a fines consentidos y legales. A partir de la reforma, la decisión de dar acceso a la información pública quedó en manos de la propia autoridad y el uso de datos personales, a cargo del Estado, sin mediar contrapeso alguno. A nivel local se eliminaron todos los organismos de transparencia. Algunos gobiernos simplemente dejaron de cumplir con las normas en la materia. Como ha señalado FUNDAR, el acceso al derecho a la información, quedó “fragmentado en más de 270 autoridades responsables en todo el país.” Ello significa una vulneración de los derechos, pues la ciudadanía tiene que identificar ante cuál de todas las autoridades debe recurrir cuando exista una negativa de información.

Estas reformas no fueron de poca importancia en........

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