La reiteración de conductas temerarias por parte del Ejecutivo ya no puede interpretarse como una suma de errores aislados, sino como un patrón calculado de confrontación institucional. No es imprudencia: es método. Y como advierte el viejo refrán, “tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe”, la obsesión por tensar los límites termina, inevitablemente, en fractura. Hoy, esa fractura amenaza con golpear el núcleo mismo de la estabilidad económica del país.

Tras repetidos episodios de tensión y descalificación, el presidente y su ministro de Hacienda han decidido romper puentes con el Banco de la República, la institución que, por mandato constitucional, encarna la mayor garantía de credibilidad macroeconómica en Colombia. No es un gesto menor ni una disputa burocrática: es una señal de alarma. Debilitar la confianza en el emisor equivale a dinamitar uno de los pilares más sensibles del sistema económico. El resultado es previsible: desconfianza inversionista, presión sobre el peso y un deterioro sostenido de la reputación financiera del país.

La Constitución de 1991 no blindó al Banco por capricho. Lo hizo como respuesta a los riesgos históricos de someter la política monetaria a intereses políticos. Su autonomía administrativa, patrimonial y técnica no es un privilegio: es un dique de contención frente a la tentación, tan frecuente en la región, de financiar el gasto público con emisión descontrolada. Ignorar este principio no es solo un error técnico; es una irresponsabilidad con consecuencias sociales profundas.

La esfinge era una Gorgona

El Banco de la República no es un actor secundario. Regula la liquidez, fija tasas de interés y protege la estabilidad de precios. Es, en esencia, el guardián del equilibrio económico. Su independencia, ratificada por la Corte Constitucional de Colombia, es un pilar del Estado Social de Derecho. Atacarla no es una diferencia de criterio: es cuestionar la arquitectura institucional del país.

Lo más grave no es el choque, sino el precedente. Subordinar una entidad técnica al poder político abre la puerta a la erosión de los contrapesos democráticos. En ese escenario, la institucionalidad deja de ser garantía y se convierte en instrumento.

Por eso, los mecanismos de defensa constitucional cobran urgencia. La Acción Pública de Inconstitucionalidad permite a cualquier ciudadano enfrentar intentos de sometimiento del Banco. Y el control político del Congreso de la República de Colombia debe dejar de ser retórico para convertirse en un verdadero límite al Ejecutivo.

No es una discusión técnica: es el futuro de la estabilidad económica, la confianza institucional y el bienestar colectivo. Porque cuando el cántaro se rompe, no pierde uno solo: pierde todo el país.

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