El informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU llegó a decir lo que en México se sabe desde hace años. El reporte no vino de colectivos, ni de madres buscadoras, ni de organizaciones civiles. Vino de afuera y con un lenguaje incómodo para cualquier gobierno, el de la responsabilidad del Estado frente a un fenómeno que lastima a muchos.

No fue un hallazgo ni un descubrimiento reciente. Es un llamado de atención internacional a una crisis que lleva demasiado tiempo existiendo. Pero, hoy, le toca maniobrar a la presidentA.

La reacción del gobierno mexicano fue inmediata y predecible.

A través de la CNDH se descalificó el informe como “acomodaticio”, “sesgado” y basado en “sin entendimiento de nuestra realidad”, echándole la culpa al gobierno de Calderón a 20 años de su administración. Solo faltó en su posicionamiento preguntar: “¿por qué no se habla de García Luna?”. Pero la pregunta es otra: ¿a quién le cree, a la........

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