Hace pocos días, el vicepresidente de Ascún y rector de Uniminuto, padre Harold Castilla, reveló a EL TIEMPO que millones de estudiantes universitarios estarían en riesgo por el nuevo decreto de emergencia económica que obliga a las fundaciones educativas a pagar, el próximo 1.º de abril, la primera cuota de un impuesto al patrimonio líquido; es decir, sobre los salones de clase, bibliotecas, laboratorios y espacios deportivos, equiparándolas equivocadamente con empresas, a pesar de que ya tienen la obligación legal de reinvertir el 100 % de sus excedentes: “Los excedentes, cuando los hay, se reinvierten en infraestructura, investigación, bienestar estudiantil, becas y cobertura”.

(Le puede interesar: CiencIA ficción).

Lo que ya era una situación grave ahora adquiere una dimensión catastrófica: esta advertencia permitió que los colegios privados con régimen Esal descubrieran que los efectos de este decreto también los impactan directamente. Cerca de 1,5 millones de estudiantes de colegios privados (es decir, alrededor del 20 % de los estudiantes matriculados) también se verían afectados por este decreto expedido irresponsablemente y sin ningún tipo de planeación o conciliación con el sector.

Llega en un momento en que el sector ya enfrenta una profunda crisis, y puede ser una estocada final a la gravísima situación que más de 340 colegios, que están evaluando el cierre, ya están afrontando por la caída acelerada de la natalidad en el país (que en los últimos años ya acumula el 12 %, con tasas más pronunciadas que en Japón). Pagar este impuesto implica asumir costos no presupuestados, generando una presión estructural adicional sobre su sostenibilidad.

El sistema público no tiene hoy ni la infraestructura ni cobertura territorial para absorber la demanda que se generaría de continuar la senda de cierres de instituciones privadas.

Voces que respaldan el decreto justifican el tributo por tratarse de “instituciones privadas que benefician a los sectores más privilegiados”; sin embargo, esto revela un profundo desconocimiento de las cifras reales: según la caracterización del sector educativo, estas instituciones atienden en su gran mayoría (85 %) a familias de estratos 1, 2 y 3 y alivian significativamente la carga fiscal del Estado. De acuerdo con el propio Ministerio de Educación, la infraestructura pública ya enfrenta retos de cobertura, calidad y financiación; y reconoce que hoy son precisamente las fundaciones educativas las que suplen esta demanda en zonas donde hay limitada o inexistente capacidad estatal, cumpliendo un rol clave en acceso, permanencia y cobertura educativa.

En la práctica, esta es una estrategia para la estatización del sistema educativo, pero con un efecto bumerán: un aumento del número de postulantes compitiendo por los mismos cupos en instituciones públicas afectaría prioritariamente a las poblaciones más vulnerables. El sistema público no tiene hoy ni la infraestructura ni cobertura territorial para absorber la demanda que se generaría de continuar la senda de cierres de instituciones privadas.

¿Quién pierde? Los cerca de 3 millones de estudiantes que verán afectada su calidad educativa, al tratarse de un costo imposible de presupuestar; los profesores, que enfrentarán presión adicional en contra de sus incrementos salariales y un aumento de su carga académica; los padres de familia, que asumirán el impacto en servicios, beneficios, y el propio sistema educativo público, que, como ocurrió en el sistema de salud, enfrentaría una demanda para la cual no está estructuralmente preparado, generando hacinamientos y desmejorando la calidad.

Ascún ha interpuesto recursos para apelar este decreto ante la Corte Constitucional, a los que se sumarán ahora los colegios con la esperanza de proteger un sistema educativo que, aunque tiene oportunidades de mejora, cumple un rol social fundamental. Se espera que la Corte emita una medida cautelar urgente, que evite un riesgo para el país, similar al que hoy enfrenta el sector de la salud.

© El Tiempo