La democracia debe garantizar el usufructo de los derechos fundamentales de las personas en su cotidianidad, y nada es más sagrado que el derecho a la vida digna. En cualquier democracia que avanza hacia la consolidación de garantías para su ciudadanía, la muerte de un ciudadano bajo custodia del Estado sacude los cimientos de la opinión pública.

La violencia policial o la vulneración de derechos desata movilizaciones multitudinarias, altera la agenda política y abre un debate público. Ocurre en Europa y en Estados Unidos, donde la movilización en contra de las violencias es permanente.

En Colombia, no. Aquí, la tragedia humana se normaliza, se diluye con pasmosa rapidez, sepultada como un hecho anecdótico.

Esa indolencia sistemática se refleja con crudeza en el caso de Donovan Balanta, el joven afrodescendiente que murió tras un procedimiento violento en su contra a manos de miembros de la Policía Nacional en el sur de Bogotá. Lamentablemente hay otros casos, como el de Luis Alfredo Echeverry, en el Cauca, Ricardo Andrés Martínez, en Magdalena, o los........

© El Tiempo