Una cosa es apostar por la reconciliación y otra tolerar cínicamente la barbarie. Las revelaciones de ‘Semana’ y ‘Noticias RCN’ sobre el magnicidio de Miguel Uribe –atribuido a la ‘Segunda Marquetalia’– no solo estremecen por la gravedad del crimen, sino por lo que dejan al descubierto: mientras unos disparaban, otros negociaban complacientemente.

Mientras un joven candidato presidencial, quizá el de mayor proyección de su generación, era silenciado, el Estado seguía extendiendo la mano a quienes ya habían traicionado la paz. Y ahí la pregunta deja de ser retórica para volverse moral: ¿cuántas oportunidades más vamos a darles a quienes han demostrado, una y otra vez, que no quieren cambiar? Porque una vez puede ser ingenuidad. Dos veces, exceso de optimismo. Pero la tercera, la tercera ya no es paz: es complicidad.

La ‘Segunda Marquetalia’ no es un actor nuevo ni incomprendido. Es la consecuencia directa de una traición. De quienes firmaron un acuerdo, se desmovilizaron, recibieron beneficios y luego decidieron volver al monte. No por falta de oportunidades o entrampamientos (como quisieron vender los que desde el poder actual insisten en excusar a ‘Márquez’, ‘Santrich’ y compañía) sino por decisión propia; por seguir traqueteando. Hoy, según las investigaciones, estarían detrás de uno de los crímenes más graves que puede enfrentar una democracia: el asesinato de un aspirante presidencial.

¿Y la respuesta del Estado? Mesas, gestos, acercamientos. Otra vez. Como si nada hubiera pasado. Como si la reincidencia no importara. Como si la violencia no tuviera consecuencias reales. Ahí es donde el discurso de la paz empieza a resquebrajarse frente a los ciudadanos. Porque la paz no puede ser sinónimo de impunidad permanente. No puede convertirse en una lavadora de antecedentes. No puede significar que cada incumplimiento sea premiado con una nueva ronda de beneficios, como si delinquir fuera una estrategia válida de negociación.

La paz exige generosidad, sí. Pero también exige límites. Y, sobre todo, exige memoria. ¿En qué momento normalizamos que quienes han secuestrado, extorsionado, asesinado y reincidido sean tratados como interlocutores válidos sin consecuencias reales? ¿En qué momento el Estado empezó a premiar la traición y a castigar la confianza de quienes sí cumplieron? No se trata de oponerse a la paz. Se trata de defenderla de su peor enemigo: la banalización.

Cuando ‘Iván Márquez’ reaparece después de haber incumplido un acuerdo de paz, no puede ser recibido con la misma lógica de quien llega por primera vez. Cuando estructuras que siguen delinquiendo se sientan a negociar sin señales reales de cambio, el mensaje es devastador: la violencia paga, incumplir no tiene costo, matar no cierra puertas.

La paz no puede ser sinónimo de impunidad permanente. No puede convertirse en una lavadora de antecedentes. No puede significar que cada incumplimiento sea premiado con una nueva ronda de beneficios

El asesinato de Miguel Uribe –si se confirma plenamente la responsabilidad de estas estructuras– debería marcar un punto de inflexión. No solo por la gravedad del hecho, sino por lo que simboliza: el fracaso de insistir en segundas, terceras y cuartas oportunidades a quienes han demostrado desprecio absoluto por la vida. Y la forma de rectificar el rumbo está en las urnas, en el contenido del debate, en las respuestas que den los candidatos frente a este tema, que es de pura moralidad pública y fines ciertos del Estado social de derecho.

Cuando una nación, en nombre de la paz, termina tolerando lo intolerable, deja de ser garante para convertirse en espectador de la violencia. Ya estamos en ese punto por cuenta del distorsionado mensaje de un primer mandatario que le ha dado alas a la legitimación de esa violencia, pero aún hay tiempo de rectificar, insisto, no para cerrarle la puerta a la paz sino para resignificar lo que por paz deberíamos entender.

JOSÉ MANUEL ACEVEDO M.

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