La muerte de Kevin por falta de acceso a un medicamento representa la cruel y desgarradora realidad que viven miles de pacientes. La factura del desgobierno en la salud se paga con la vida de inocentes.

Así el Presidente pretenda desatar una polémica cuestionando anticipadamente la transparencia del proceso electoral y con ello inocular de manera deliberada una cortina de humo para distraer a la opinión justo después de la indignación nacional que generó su respuesta ante la tragedia de Kevin, el fracaso de las políticas de salud es todo menos que inocultable. Es una mácula de muerte indeleble en la memoria colectiva frente a un gobierno que se vendió como garante de la vida.

La Administración saca pecho por la disminución de la tasa de mortalidad infantil. Un logro destacable, pero que dista de ser indicador de éxito suficiente ante una política que hace agua. Diferentes organizaciones de pacientes y expertos como Andrés Vecino, Zulma Cucunubá, Johnattan García o Augusto Galán, por mencionar algunos, han documentado los quebrantos del sistema de salud y el elenco de acciones y omisiones graves de este gobierno que han generado y acentuado su actual estado calamitoso.

Para no ir más lejos, la Corte Constitucional le abrió un incidente de desacato al ministro de Salud por negarse durante años a cumplir sus órdenes y ajustar la UPC, afectando la capacidad financiera de un sistema que por cada 100 pesos que recibe gasta 118. La desidia del Gobierno frente a la actualización de los costos para los servicios básicos –sin mencionar el mayúsculo problema con los presupuestos máximos– ha llevado a una acumulación ya insostenible de la deuda con las redes hospitalarias, dispensarios, proveedores, cadenas de suministro y, en general, con todos los actores del sistema, llamados a perecer, uno tras otro, por asfixia financiera.

En el informe del 2025, la Defensoría del Pueblo advirtió que “el derecho a la salud (...) se enfrenta a una problemática estructural asociada con el funcionamiento y la financiación del sistema de salud que, sin ser nueva, en 2025 se ha hecho más crítica. Esta problemática se caracteriza por un incremento sostenido de barreras de acceso y en disponibilidad de medicamentos en todo el país, sin distinción de tipo de afiliación de los ciudadanos, y afecta especialmente a poblaciones vulnerables, zonas rurales y territorios con alta dispersión geográfica”.

Añade a lo anterior cifras alarmantes sobre el aumento de un 34 por ciento en el número de tutelas y de quejas ante la Superintendencia de Salud, registrando más de 685.000 reclamos en un solo año. El 90 por ciento de las personas encuestadas por la Defensoría señalaron no recibir sus medicamentos o hacerlo parcialmente. Se reporta el incremento desproporcionado de los gastos de hogares para adquirir medicamentos que puede llegar hasta al 90 por ciento de sus ingresos. Una situación que a todas luces representa una afectación generalizada y regresiva del derecho a la salud.

La Administración acusa al Congreso por no haber aprobado la reforma de la salud que presentó. A juicio de los expertos, esta no habría resuelto la situación actual; la habría agravado tal y como sucedió con el Fomag. Mientras tanto, la evidencia ha demostrado que las intervenciones del Gobierno a las EPS han marchitado ostensiblemente el acceso a la salud, poniendo en riesgo no solo la sostenibilidad del sistema sino la vida de miles de pacientes.

Quizás el pecado original haya sido meterle política a un asunto tan sensible e interpretar bajo el miope y obtuso tamiz ideológico la suerte de un derecho fundamental. Y, justamente, porque el criterio fue político, puede que su castigo también lo sea. Por más cortinas de humo que inventen, esta mácula será imborrable. En todo caso, Kevin sigue ahí (muerto).

GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

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