Con razón vivimos indignados por la corrupción, la violencia cotidiana y el desprecio por las normas más elementales de convivencia. Nos irritan el conductor que invade el carril contrario, el funcionario que acomoda un contrato, el ciudadano que cree que la ley es para los otros. Para no hablar del Presidente y sus ministros, buscándole esguinces a la Constitución, o el Consejo Superior de la principal universidad del país, donde se forman los abogados y los jueces, ignorando sentencias judiciales.

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Pero urge preguntar: ¿en qué momento aprendimos que la norma es negociable? ¿En qué etapa de la vida se incubó la idea de que cumplir la ley es una ingenuidad y no un imperativo democrático? La respuesta, aunque no exclusiva, apunta a la primera infancia.

Los estudios sobre desarrollo humano han mostrado con claridad que los primeros años de vida son decisivos en la formación de hábitos, actitudes y marcos morales. No se trata solo de adquirir vocabulario o habilidades matemáticas básicas; se trata de aprender a convivir. Desde muy temprano, los niños descubren que no están solos en el mundo, que existen otros con deseos, límites y derechos. Allí comienza la experiencia de la norma. Jean Piaget explicó que el niño pequeño pasa de una moral heterónoma –en la que obedece por temor o por la autoridad del adulto– a una moral autónoma, donde comprende el sentido de la regla y la asume como propia. Este tránsito no ocurre de manera automática; requiere acompañamiento, diálogo y coherencia. Si el adulto impone sin explicar, o si incumple lo que exige, el mensaje es devastador: la norma es capricho del poderoso.

Educar en el respeto a la ley no significa formar niños obedientes y sumisos. Significa formar ciudadanos capaces de comprender que la ley es un pacto colectivo que protege la dignidad de todos. En una democracia, la norma no es un látigo, es un acuerdo. Y ese acuerdo se aprende en el hogar, el jardín infantil o el parque del barrio.

El respeto genuino por la ley nace cuando las personas comprenden que cumplirla no es una concesión al poder, sino un acto de lealtad con la comunidad.

Cuando un niño aprende a esperar su turno en el columpio, está dando un pequeño paso hacia la comprensión del Estado de derecho. Cuando entiende que no puede arrebatar el juguete porque el otro también tiene derechos, está internalizando un principio que más tarde sostendrá instituciones complejas. La democracia no se improvisa a los 18 años cuando alguien recibe su primera cédula; se construye desde que aprende a decir “por favor” y “gracias”, a reconocer límites y a aceptar consecuencias.

La Constitución Política de Colombia consagra la educación como un derecho y un servicio público con función social. No es un enunciado retórico: implica que educar es formar en valores que sostienen el orden democrático. La ley no puede ser vista como un obstáculo para la astucia individual o para la ambición ilimitada de poder, sino como la condición de posibilidad de la libertad colectiva. El respeto genuino por la ley nace cuando las personas comprenden que cumplirla no es una concesión al poder, sino un acto de lealtad con la comunidad.

Algunos dirán que en contextos de pobreza y desigualdad hablar de respeto a la ley es ingenuo. Que cuando el Estado no cumple, el ciudadano tampoco se siente obligado. Es una objeción comprensible. Pero precisamente por eso la educación temprana es tan importante: porque ofrece a los niños un horizonte distinto al de la ley del más fuerte. Les muestra que existen reglas que protegen y que pueden –y deben– transformarse por vías institucionales cuando son injustas.

Educar desde la primera infancia en el respeto a la ley es, en última instancia, una apuesta por la dignidad humana. Es afirmar que la convivencia no es fruto del miedo sino del reconocimiento mutuo. Es comprender que la democracia no se decreta: se cultiva, día a día, en la conciencia de los más pequeños, con el ejemplo de los adultos sin el cual todo discurso se vuelve estéril.

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