Es profundamente grave que el Presidente de la República califique como “genocida” a una codirectora del Banco de la República. No se trata de un simple exceso retórico: estamos ante un nuevo episodio de deslegitimación de las instituciones autónomas diseñadas por la Constitución de 1991. Recordemos que la palabra genocidio se define como el acto deliberado de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Vaciar esa palabra de su significado es, en sí mismo, un acto de irresponsabilidad.

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La respuesta del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, fue clara y necesaria: las decisiones de la junta buscan proteger el poder adquisitivo de los colombianos, no cometer “genocidios” ni las barbaridades que, de manera irresponsable, ha señalado el jefe de Estado. Cuando desde la cúspide del poder se banalizan conceptos de la mayor gravedad jurídica, se distorsiona el debate público y se degrada el lenguaje institucional.

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