Mientras la discusión jurídica sigue abierta y crecen las dudas sobre la constitucionalidad del impuesto al patrimonio, las grandes empresas del país ya están haciendo cuentas para pagar la primera cuota que vence este 1.º de abril. No porque tengan certeza jurídica, sino porque no pueden darse el lujo de no hacerlo.

Lo harán para evitar sanciones, intereses moratorios o embargos. Y ese solo hecho dice mucho del momento que vive Colombia. Gobernar no es solo ejercer autoridad; es lograr que los ciudadanos entiendan y respalden las decisiones del Estado. Es tener legitimidad.

Y hoy, más que un problema de caja, Colombia enfrenta un problema de legitimidad fiscal.

El Presupuesto General de la Nación 2026 arrancó con un faltante de $ 13,6 billones. A eso se suma el impacto del aumento del 23 % del salario mínimo, que, según analistas, podría costarle al Estado entre $ 3,8 y $ 6,5 billones adicionales. De ser así, el hueco podría llegar a los $ 20 billones.

En condiciones normales, con ese nivel de desfinanciamiento y una deuda cercana al 60 % del PIB, la respuesta sería clara: austeridad, eficiencia y disciplina fiscal. Pero eso no es lo que estamos viendo. El gasto sigue creciendo. Especialmente en servicios personales y contratistas. En más burocracia.

Ante esa realidad, el Gobierno optó por otra ruta: buscar ingresos extraordinarios vía decreto.

Primero dictó una emergencia económica, hoy en revisión por la Corte Constitucional. Luego, una emergencia ecológica con la que se busca recaudar $ 8 billones por medio del impuesto al patrimonio. Y después, una serie de medidas adicionales: mayores cargas al sector energético, intentos de trasladar recursos de los fondos de pensiones y advertencias sobre posibles intervenciones adicionales al sistema financiero.

El mensaje es claro: hay urgencia de caja.

Gobernar no es solo ejercer autoridad; es lograr que los ciudadanos entiendan y respalden las decisiones del Estado. Es tener legitimidad

Pero recaudar impuestos no es solo una facultad legal. Es, ante todo, una prueba de legitimidad. El Estado necesita que los ciudadanos perciban el cobro como justo, estable y administrado con responsabilidad. Y esa confianza se rompe cuando las reglas cambian por decreto, sin el debido debate parlamentario, cuando los cobros se perciben como dirigidos a sectores específicos o cuando el gasto público se despilfarra.

Por eso, las demandas contra estos decretos se han multiplicado. Pero esto no es solo un debate jurídico; es una señal de desconfianza. Se percibe improvisación, un uso excesivo de la figura de emergencia y una preocupante falta de transparencia en la adopción de estas decisiones excepcionales.

También surgen preguntas inevitables:

¿Pasarán estos decretos el control de la Corte?

¿El recaudo realmente atenderá las inundaciones o terminará tapando el hueco fiscal?

¿Serán $ 8 billones... o cerca de $ 14 billones, como estiman diferentes centros de pensamiento?

¿Y el calendario de pagos responde a la urgencia de la emergencia... o a necesidades de caja en vísperas de elecciones?

Las respuestas no son solo técnicas. Son profundamente políticas. Porque el debate de fondo no es si el Estado puede cobrar. Claro que puede. El punto es otro: si tiene legitimidad para hacerlo de esta manera.

En materia fiscal, la legitimidad se construye con reglas claras, estabilidad y coherencia entre lo que se cobra y lo que se gasta. Sin eso, el recaudo puede imponerse en el corto plazo. Pero no se sostiene en el tiempo.

Y por eso, aunque el decreto del impuesto al patrimonio está demandado ante la Corte Constitucional, las grandes empresas se preparan para pagar la primera cuota. No por convicción, sino para evitar sanciones, mientras esperan que la Corte se pronuncie antes del segundo vencimiento y evite el pago de la segunda cuota.

Ahí está el verdadero problema: un Estado que puede imponer, que puede vencer, pero no necesariamente convencer.

La autoridad se decreta.

La legitimidad se gana.

ELSA NOGUERA

(Lea todas las columnas de Elsa Noguera en EL TIEMPO, aquí)

© El Tiempo