En los últimos días se ha hecho cada vez más evidente que el presidente Gustavo Petro y varios integrantes de su gabinete y círculo más cercano han decidido cruzar, sin mayores reparos, las líneas claras que la Constitución traza para separar el ejercicio del poder de la contienda electoral.

Los hechos son múltiples, recientes y preocupantes. Desde la Casa de Nariño, el mandatario se reunió con la bancada de su partido, el Pacto Histórico, para discutir la agenda legislativa en medio de una campaña en pleno auge, y luego defendió públicamente ese encuentro en redes sociales. A ello se suman sus constantes intervenciones en política desde su perfil de la red social X, en las que ha descalificado decisiones del Consejo Nacional Electoral, ha llamado a la ciudadanía a no pedir los tarjetones de las consultas interpartidistas, ha cuestionado la exclusión de Iván Cepeda de ese mecanismo y ha emitido juicios directos sobre candidaturas y fórmulas vicepresidenciales, entrando incluso en confrontaciones abiertas con el expresidente Álvaro Uribe, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

Pero no es solo el Presidente. Ministros como Armando Benedetti y Guillermo Alfonso Jaramillo han replicado ese comportamiento, enviando mensajes que, bajo la apariencia de pedagogía institucional o de defensa de las reformas, son intervención en política. En paralelo, el sistema de medios públicos, con RTVC a la cabeza, ha sido cuestionado por contenidos que refuerzan la narrativa oficialista en un momento particularmente sensible. Un modo de obrar que ya fue objeto de un serio reproche de la reciente Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Y a todo ello se suman múltiples denuncias sobre el eventual uso de recursos públicos para tejer redes de apoyo político en entidades como el Sena, el ICA, la Unidad de Víctimas y Findeter. Es difícil entonces hablar de episodios aislados o de interpretaciones forzadas: hay un patrón claro, sostenido y, lastimosamente, cada vez menos disimulado.

La prohibición de participar en política a funcionarios públicos tiene rango constitucional y una razón de ser asentada en los preceptos del Estado de derecho y, sobre todo, en nuestra historia republicana. Busca impedir que quien ejerce el poder utilice su posición, su voz, su investidura o los recursos del Estado para inclinar la balanza y erosionar la igualdad de condiciones en las que compiten quienes aspiran a gobernar. Pero lo que hoy se está viendo es una transgresión abierta, reiterada y desafiante de ese mandato.

La gravedad del asunto no se limita al plano jurídico. En un país como Colombia, con una historia marcada por la violencia política, el clientelismo y la fragilidad de muchas garantías electorales en los territorios, que la cabeza del Estado intervenga de manera tan directa en la campaña no es un hecho menor.

Debemos ser claros en que, aunque exista separación de poderes y la Registraduría sea autónoma, además de haber demostrado una y otra vez su eficiencia y confiabilidad y que el andamiaje institucional disponga de contrapesos, la injerencia del Presidente sí puede alterar el terreno de juego. Sus palabras, sus descalificaciones y sus arengas podrían convertirse en incentivos para acciones irregulares o, peor aún, en detonantes de tensiones que escalen hacia escenarios más graves. El esfuerzo por unas elecciones libres y en condiciones de equidad no puede ponerse en duda por cuenta de las publicaciones en redes sociales y acciones del mandatario.

El jefe del Estado no puede confundir a la opinión pública con afirmaciones muy dudosas, carentes de rigor y basadas en una retórica que normaliza lo que es abiertamente irregular

Se trata de respetar las garantías legales. Corresponde a los entes de control hacer su tarea con celeridad y firmeza. Pero el llamado principal recae sobre el propio jefe del Estado a una seria reflexión acerca de su proceder. No puede confundir a la opinión pública con afirmaciones muy dudosas, carentes de rigor y basadas en una retórica que normaliza lo que es abiertamente irregular.

Es factible que, como lo ha argumentado el Presidente, antecesores suyos hayan podido haber entrado en zonas grises en esta materia, pero esas conductas reprochables, por un lado, no se comparan con la manera tan desafiante como el actual mandatario se ha pasado por la faja la prohibición constitucional y, por otro, no pueden servir de excusa. El argumento de que se obra mal porque alguien antes lo hizo no es la actitud que se espera de quien ocupa la máxima dignidad del Estado. Mucho menos de alguien que llegó al poder en nombre del cambio.

Inquieta que, lejos de corregir, el jefe del Estado parezca afianzarse en la provocación y retar a las autoridades a reaccionar. Porque no solo incumple una prohibición expresa, sino que banaliza su sentido y la presenta como un simple detalle formal. Ese desprecio por las reglas es peligroso, más viniendo de quien es el primer llamado a respetarlas, pues erosiona la confianza pública y debilita la democracia.

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