Si una perturbadora amenaza ha venido consolidándose en el país –y en el vecindario, en Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú– es el cáncer de la extracción ilegal del oro, controlada por poderosos grupos criminales. La tragedia ambiental, como bien lo han recogido varios informes de este diario, es de proporciones catastróficas: en este momento, al menos 94.000 hectáreas de selvas y páramos están siendo destruidas por el avance sin freno de las enormes palas mecánicas y dragas que barren literalmente los lechos de los cuerpos de agua.

Mientras los lagos de mercurio se multiplican y dejan enormes heridas en las selvas del Chocó, Cauca, Antioquia y Nariño, a las arcas de los grupos criminales entran ingentes recursos. Un cálculo del Ejército, revelado en un foro de EL TIEMPO y la Federación Nacional de Departamentos, señala que cada año las rentas ilegales del oro pueden estar rondando los 8.400 millones de dólares. Son platas que fortalecen el aparato de violencia de poderosas bandas arropadas en todas las banderas ideológicas, desde el ‘clan del Golfo’ hasta las disidencias de las Farc. Y por supuesto, del Eln, que hasta enero pasado seguía siendo otra de las mafias que explotaban la riqueza aurífera y en tierras raras del occidente venezolano, en connivencia con el régimen del hoy preso Nicolás Maduro.

Aunque cada vez se acercan más a las cifras del narcotráfico, los réditos del ‘boom’ de esta explotación criminal no han implicado un debilitamiento en la producción de cocaína. Por el contrario, el mapa de las dos economías ilícitas se traslapa en la mayor parte de los 180 municipios del país que están sufriendo las consecuencias ambientales y sociales –prostitución, violencia y delincuencia– históricamente asociadas a la fiebre del oro.

El próximo gobierno y el país entero tienen el reto de coger por los cuernos el violento toro de la extracción ilícita de minerales. Aunque la Fuerza Pública mantiene su ofensiva contra la maquinaria amarilla ilegal (en el primer trimestre de 2026 se han destruido o incautado 206 aparatos, frente a 110 en el mismo lapso del año pasado), las rendijas de la corrupción y la confusión normativa siguen abriendo puertas para que en regiones remotas del país aparezcan esos enormes aparatos con todo su poder destructivo que exigen la intervención del Estado. Para ello, es necesario abrir el debate para que la persecución de estos delincuentes no se haga solo bajo determinantes de delitos ambientales, sino que también se les combata bajo la tipología de grupos que amenazan la seguridad territorial.

Urge también la persecución de las redes de lavado, asociadas al 85 % de la producción potencial de oro que se queda en manos de las mafias

Además, es urgente la formalización de títulos mineros, una mejor articulación entre las entidades de los niveles regional y central, la expedición de normas que regulen la comercialización del oro –algo en lo cual el Congreso debe tomar la iniciativa–, la estabilización de condiciones para que las grandes empresas mineras del mundo sigan invirtiendo en el país y generando desarrollo y regalías y, sobre todo, el imperio real del Estado en esas regiones donde la bendición del oro no se compadece con los niveles de atraso y pobreza generalizados. A lo que se suma un frente clave como la persecución de las redes de lavado asociadas a ese 85 por ciento de la producción potencial de oro que, según autoridades y expertos, se están quedando en los bolsillos de las mafias, en detrimento de la seguridad y del desarrollo de todos.

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