Esta semana la campaña presidencial en Colombia entró a una nueva etapa, como lo confirma la inscripción de las fórmulas en carrera hacia la Casa de Nariño. Con el nuevo Congreso elegido y el tarjetón de la primera vuelta prácticamente definido, llegó para los candidatos el momento de entrar en materia y discutir los asuntos cruciales que enfrentará el próximo gobierno. Eso espera el país.

Uno de estos temas prioritarios para el debate presidencial es la agenda económica. De acuerdo con la mayoría de las encuestas de opinión pública, para los colombianos la economía y el desempleo constituyen uno de los principales retos que enfrenta el país, junto con los de la seguridad y la salud. Es decir, el portafolio de propuestas económicas es de la mayor trascendencia para los aspirantes en campaña.

A la preocupación ciudadana hay que sumarle las condiciones objetivas de la economía colombiana en este último tramo de la administración Petro. La realidad es que el próximo gobierno heredará una grave crisis fiscal de magnitudes históricas, un crecimiento mediocre, un bajísimo nivel de inversión, grandes desafíos sociales y el rezago de importantes motores productivos como la construcción y la explotación de minas y canteras.

La tardía y discreta publicación del plan financiero para 2026 por el Ministerio de Hacienda, conocido hace unos días, no hizo más que ratificar los urgentes llamados de expertos, gremios y analistas. Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), la situación fiscal es “cada vez más preocupante” y el escenario en la materia para este año que plantea el gobierno Petro es “poco creíble”.

Mientras el ‘hueco’ en las finanzas públicas supera los 32 billones de pesos, la Casa de Nariño insiste en una narrativa en la que se lava las manos de su responsabilidad en la crisis y culpa a los “más ricos” y a las “empresas”. Con un déficit primario en 2025 de 3,5 por ciento del PIB y un déficit comercial de 3,9 por ciento del PIB, la economía colombiana importa más de lo que exporta y gasta sustancialmente más que sus ingresos.

Un desbarajuste de semejante magnitud requiere de los candidatos presidenciales la presentación de una hoja de ruta clara y viable para reencauzar las finanzas públicas a una senda de sostenibilidad. En el caso de la campaña que representa la continuidad de la administración Petro, los colombianos esperan una posición inequívoca sobre esta difícil herencia y sus propuestas para resolverla, más allá de seguir subiendo los impuestos y del derroche en gasto y burocracia.

Del lado de las campañas opositoras, el desafío está en mostrar al electorado la gravedad de la situación y persuadirlo de los dolorosos costos que la solución de la crisis fiscal ameritará. En un entorno que premia con votos al populismo y demanda del Estado cada vez más recursos, lo más responsable es decirle al país la verdad, tanto del deterioro fiscal que deja el presidente Petro como de los inevitables ajustes y recortes. Es innegable que esta narrativa de la salida a la crisis financiera demandará mucha creatividad de los candidatos y, por parte de los votantes, un alto nivel de madurez cívica. Pues lo cierto es que, gane quien gane, la siguiente administración tendrá en el aspecto fiscal uno de sus retos más complejos y debe comenzar a discutirlos desde la misma campaña.

La realidad es que, gane quien gane, la siguiente administración tendrá en el aspecto fiscal uno de sus desafíos más complejos y debe comenzar a discutirlos desde la misma campaña

Pero la agenda económica en este debate no se limita a las finanzas. Colombia necesita una ambiciosa estrategia para aumentar los niveles de inversión e impulsar un mayor crecimiento. La apuesta petrista, sostenida en un desbordado gasto público y en el consumo de los hogares, no solo es insostenible, sino que está generando serios desequilibrios. Les corresponde a las campañas poner sobre la mesa de discusión las palancas que empujarán para que la economía crezca de forma balanceada y sostenible.

En empleo e inflación, el discurso del Gobierno Nacional busca tomar el crédito de las estadísticas favorables, sin asumir los costos de las tendencias negativas. Por ejemplo, la reducción de la tasa de desempleo recoge asimismo una generación de puestos de trabajo mayoritariamente informales y menos personas buscando trabajo. Mientras el propio Presidente niega que el aumento del salario mínimo del 23 por ciento tenga efectos inflacionarios, el plan financiero de su gobierno admite un IPC del 5,8 a final de este 2026.

Se quedan en el tintero otras políticas de la mayor importancia en esta materia como la lucha contra la pobreza y el mejoramiento de la productividad. Pero la realidad de a puño es que sin unas finanzas públicas saneadas y sostenibles no habrá recursos eficientes para resolver la crisis de la salud, recuperar la seguridad y reducir la desigualdad. En conclusión, este es el momento para que los candidatos presidenciales sean más insistentes en hablar de economía. Y eso implica presentar propuestas serias, actuar con responsabilidad, rechazar el populismo y escoger equipos experimentados y técnicos.

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