El gobierno Petro continúa con la expedición de decretos, bajo la sombrilla de la emergencia económica declarada por la crisis invernal en Córdoba y otros siete departamentos, que introducen cambios impositivos. Estas medidas excepcionales incluyen tributos al patrimonio para empresas nacionales y extranjeras, impuesto a los juegos de suerte y azar en línea, normalización tributaria y flexibilización financiera a las regiones afectadas, entre otras disposiciones.

Lo primero que hay que reconocer es la necesidad del accionar estatal en la pronta atención a la crítica situación que experimentan decenas de miles de colombianos damnificados por las inundaciones. La cuestión, en la que no sobra insistir, es acerca de la existencia de mecanismos e instrumentos ordinarios que sean más eficaces en brindar soluciones que la declaratoria de un estado de excepcionalidad.

Esta pregunta cobra aún más validez cuando la Casa de Nariño usa la emergencia como un atajo para la implementación de una reforma tributaria ‘por la puerta de atrás’. El Gobierno Nacional despliega las facultades excepcionales, producto de la crisis ambiental, para decretar una cascada de impuestos al sector empresarial, resucitar tributos que ya habían sido suspendidos por la Corte Constitucional y atribuirse competencias propias del Poder Legislativo.

Estas cargas impositivas son un duro golpe a las empresas, desincentivan la inversión y elevan la inseguridad en las reglas del juego.

Estas nuevas cargas impositivas no solo ratifican el desespero de la administración Petro en la búsqueda de recursos frescos, sino que también implican un duro golpe a las finanzas de las empresas, desincentivan la inversión y elevan la inseguridad en las reglas del juego. En el caso específico de las universidades privadas, el impuesto al patrimonio impactaría, de acuerdo con Ascún, a unas 80 instituciones de educación superior con un monto en torno a los 135.000 millones pesos. Los sectores de hidrocarburos, minero, energético y financiero están entre los más afectados.

A lo anterior hay que añadir varias alertas que se han disparado en torno a la naturaleza técnica de los tributos y la forma como se manejan y ejecutan estos dineros, en especial en esta época electoral. Por ejemplo, uno de los decretos da vía libre a la contratación directa, lo que se salta la ley de garantías. Además, el recaudo de estos billonarios recursos enfrenta el doble desafío de la transparencia en su destinación para los damnificados, así como de la alta vulnerabilidad ante esquemas de corrupción.

Queda en manos de la Corte Constitucional la más juiciosa y completa revisión de la exequibilidad de esta última emergencia económica declarada, bajo cuya sombrilla el Gobierno está adoptando esta andanada de impuestos. En el máximo ejercicio de su autonomía e independencia, el máximo tribunal debe analizar estos atajos del Ejecutivo y los efectos sobre el equilibrio de poderes que implica el abuso de la excepcionalidad. A fin de cuentas, estas constantes declaratorias de emergencia no alcanzan a ocultar la resistencia de la Casa de Nariño a recortar el desbordado gasto público y a apretarse el cinturón en medio de la crisis fiscal.

editorial@eltiempo.com

© El Tiempo