Las víctimas de residencias de mayores, cuyos familiares fallecieron durante la pandemia del Covid debido a los bautizados como protocolos de la vergüenza, alzan la voz contra el acuerdo marco de centros de mayores que entra en vigor el próximo 1 de julio.

Marea de Residencias alertaba esta semana de la “trampa” que supone el plan, dado que podría provocar el traslado de cientos de personas mayores dependientes y obligar a las familias a asumir costes adicionales para evitar el cambio de centro.

En un comunicado difundido a los medios, la organización -histórica en la lucha de la gestión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso junto a ‘7.291, Verdad y Justicia’- calificaba el acuerdo de “desahucio institucional”; un concepto que tiene que ver con lo que, aseguran, ocurre cada vez que se renuevan los contratos de concertación de plazas de residencias.

ElPlural ha hablado también con la otra asociación para conocer su opinión. Su portavoz, María Jesús Valero, su portavoz, señala que "llevan más de un año alertando sobre este proyecto", el cual consideran un "nuevo engaño a la ciudadanía, ya que la experiencia demuestra que lo público-privado acaba derivando en una gestión esencialmente privada".

"Hasta la fecha, varias parcelas de suelo público ya han sido destinadas a este proyecto en distintos distritos y municipios de la Comunidad de Madrid, entre ellos Carabanchel, Orcasitas, Villaverde y Aravaca", expone, calificando como "incomprensible que la capital de España cuente con un número tan pequeño de residencias de gestión pública directa, mientras la mayor parte del sector continúan en manos privadas o de........

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