Para una persona con Esclerosis Lateral Amiotrófica, ocho meses no son un simple plazo en un calendario. Ocho meses pueden ser, sencillamente, el tiempo que le queda de vida. Mientras la enfermedad avanza sin descanso y la persona va perdiendo la capacidad de moverse o respirar por sí misma, cientos de familias andaluzas viven una pesadilla diaria cuidando a su familiar a todas horas, esperando que la Junta de Andalucía cumpla lo prometido.

Por eso la pregunta es directa y no admite rodeos: ¿cómo se atreve Juanma Moreno Bonilla a pedir paciencia a quien se le agota el tiempo y la vida, mientras él no tarda ni un solo día en aumentarse su propio sueldo y en crear decenas de puestos nuevos para sus altos cargos?

Esa es la cruda realidad de la política que se aplica hoy en el Palacio de San Telmo. Para las familias destrozadas por la ELA solo hay excusas, papeleos que se piden una y otra vez y promesas que se quedan en palabras vacías.

Pero para la cúpula del Gobierno andaluz las cosas funcionan a una velocidad pasmosa. Para subir el sueldo del presidente, para contratar a decenas de asesores a dedo y para ampliar la estructura de la administración no hay trabas ni burocracia que valga.

Esto no es un fallo técnico ni un problema de papeles sobre una mesa. Es una decisión consciente sobre dónde decide el Gobierno andaluz poner el dinero de todos. En Andalucía la ELA no es una cifra abstracta ni un expediente guardado en una carpeta. Detrás de cada caso hay una persona que se va apagando y un entorno familiar que se arruina económica y emocionalmente para poder atenderla las veinticuatro horas del día.

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