El Gobierno se prepara para desclasificar los informes sobre la crisis de Ceuta con los que empezar a dar respuestas a algunas de las preguntas que quedan abiertas. El presidente Pedro Sánchez lo anunció en el Congreso el pasado jueves, y desde entonces la entrada masiva de migrantes ha adquirido una nueva dimensión.

La jueza María Tardón ha abierto una causa en la Audiencia Nacional, y en su auto avanza que pondrá el foco en los “medios de respuesta” que empleó el Gobierno los días 30 y 31 de julio, cuando 72.000 migrantes cruzaron a Ceuta desde Marruecos, “en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento, y la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva”.

El Gobierno arrastra la cuestión de si hubo o no alertas previas a la avalancha de migrantes desde el día uno. Fue lo que provocó una división entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el resto del Ejecutivo. La responsable política del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) defendió que esta institución sí advirtió de lo que podría ocurrir, mientras que otros como el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, siguen defendiendo lo contrario.

Sánchez matizó en la Cadena SER y en el Congreso que sí hubo avisos en los días anteriores, pero que estos no alertaban de flujos migratorios ni de un riesgo de entrada masiva que se salieran de la magnitud habitual en esas fechas del año. Esta será la principal cuestión que, en principio, se aclarará con el dossier que prometió el presidente. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes desclasificar informes del CNI, la Policía Nacional y la Guardia Civil fechados entre el 1 de julio, un mes antes de la entrada masiva, y el 1 de agosto, el día después. Su publicación se hará efectiva un día después,........

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